La Secretaría de Energía avanza con el llamado a
explotaciones off shore en la nueva zona de lecho submarino habilitada por la
ONU y por una ley. Buscan marcar presencia en el Atlántico Sur y restarles
inversiones petroleras a los isleños
Por Martín Dinatale
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La pesca y los hidrocarburos se convertirán en lo
inmediato en el nuevo caballito de batalla del Gobierno para esmerilar la
economía de las islas Malvinas y apuntalar la política exterior de la Argentina
por el reclamo de soberanía en el archipiélago.
En paralelo al proyecto de ley de pesca que tratará
la Cámara de Diputados la semana que viene para reforzar las sanciones a la
pesca ilegal, el Gobierno ya avanzó con el armado de las licitaciones
internacionales para la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona
de ampliación de la plataforma submarina.
Según explicaron a Infobae fuentes de la
Cancillería y la Casa Rosada, la Secretaría de Energía, ahora a cargo de Darío
Martínez, abrirá un paquete de licitaciones para la explotación off shore de
petróleo en la zona que la ONU habilitó a la Argentina en el Atlántico Sur al
ampliar en 1.600 kilómetros cuadrados de plataforma continental.
Las licitaciones de hidrocarburos convocadas por el
Gobierno no comprenderán la zona de las aguas aledañas a Malvinas que están en
conflicto con Gran Bretaña, porque ello generaría un enfrentamiento directo con
los isleños y con Londres.
Sin embargo, con el llamado a licitaciones en la
zona de ampliación de la plataforma submarina la Argentina busca marcar una mayor
presencia en el Atlántico Sur y al mismo tiempo abrir la posibilidad de que los
empresarios petroleros que hoy están operando en Malvinas se trasladen a las
aguas argentinas.
“La demarcación de la plataforma continental
permite tener certeza y seguridad jurídica respecto de las áreas en las cuales
se puede desarrollar la potencialidad de la explotación off shore. Seguramente
la reciente aprobación de la ley permitirá ampliar las posibilidades de la
explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur”, dijo a Infobae el secretario
de Islas Malvinas de la Cancillería, Daniel Filmus.
Este tema fue abordado la semana pasada por el
presidente Alberto Fernández con el canciller, Felipe Solá, y Filmus. Así, la
Secretaría de Energía tiene instrucciones para avanzar con las licitaciones en
la zona de la ampliación de la plataforma submarina establecida por ley. No
sólo esto. También se habló de la posibilidad de explotación de la llamada
“pesca sedentaria” y minerales ya que la Argentina tiene ahora la posibilidad
de extraer recursos del suelo que se encuentra en ese espacio de ampliación de
la plataforma continental submarina.
Filmus recordó a Infobae que actualmente hay cinco
empresas petroleras que operan en Malvinas y que tienen pedidos de embargo de
la Argentina por trabajar en una zona reclamada por el país. Entre ellas se
encuentran empresas de origen británico, de Italia, Francia y Estados Unidos.
Sin embargo, en el Gobierno evalúan que al abrir la
posibilidad de licitaciones de off shore en la zona de la plataforma
continental estas empresas podrían desistir de operar en Malvinas por medio de
una declaración jurada y trasladarse a la zona de la plataforma continental de
la Argentina.
El caso histórico que sentó precedente en este
campo fue el de British Petroleum, que envió una carta a la Cancillería en el
2014 para desistir de sus operaciones en Malvinas y empezar a operar en Vaca
Muerta. El resto de las empresas que operan en la zona de Malvinas tienen la
mira puesta de los reclamos jurídicos argentinos, por lo que en el Gobierno
creen que al habilitar a esas compañías a operar en la zona de la ampliación de
la plataforma submarina les dará mayor seguridad jurídica.
La ley establece una nueva demarcación del límite
exterior de la plataforma continental del país y que permitirá afianzar su
soberanía sobre las Islas Malvinas y su espacio marítimo circundante sobre el
lecho del mar. Con esa ley la Argentina confirma las disposiciones de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar (Convemar) y gana
1.633 kilómetros cuadrados más de soberanía sobre los recursos del lecho y
subsuelo de nuestra plataforma continental. Allí se cuenta la explotación de
minerales, hidrocarburos y especies sedentarias, vieiras, esponjas, langostinos
y mejillones, entre otros.
La pesca ilegal
Por otra parte, el Gobierno instó al Congreso a
apurar el proyecto de ley de modificación de la ley de pesca que impone mayores
sanciones y actualiza los mecanismos de control por la pesca ilegal en el
Atlántico Sur.
Como adelantó ayer Infobae, este proyecto de ley
será tratado el martes que viene en la Cámara de Diputados. La iniciativa
propone establecer un régimen de sanciones a la pesca ilegal variable sobre la
base de unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP) cuyo monto será
equivalente a un litro de combustible gasoil conforme lo que determine la
Autoridad de Aplicación, a los fines de establecer el procedimiento de fijación
del valor en moneda de curso legal.
En este sentido, Filmus explicó a Infobae: “El
proyecto de actualización de los montos de las multas a la pesca ilegal
significara un factor disuasivo de la intrusión de buques pesqueros extranjeros
que depredan nuestras riquezas en las 200 millas de zona económica exclusiva.
Las actuales multas datan de 1998 y están totalmente desactualizadas. La
votación de esta ley significa que es posible construir políticas de estado
sobre las Malvinas y la defensa de nuestros recursos naturales”.
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Daniel
Filmus (Christian Heit)
En este proyecto de ley que se tratará en Diputados
está contemplado que en función de la gravedad del delito y los antecedentes
del infractor puede existir un apercibimiento en el caso de infracciones leves;
una multa de acuerdo al nuevo esquema de pago por litro de gasoil; la
suspensión de la inscripción en los registros llevados por la Autoridad de
Aplicación al buque y el decomiso de la captura obtenida en forma ilícita o del
buque.
Este es un tema crucial para el Gobierno ya que
entienden que en los últimos años se incrementó sustancialmente la pesca ilegal
en el Atlántico Sur, pero al mismo tiempo un mayor control y penas más severas
en este plano implicarán una mayor presencia de soberanía en la zona cercana a
Malvinas.
Vuelos humanitarios
Por otra parte, en la Cancillería aclararon que la
decisión del Gobierno de fortalecer el reclamo de soberanía en Malvinas no
quita que se siga adelante con los isleños el programa de identificación de
soldados sin nombre enterrados en el cementerio de Darwin o la aprobación de
vuelos humanitarios de las islas al continente.
De hecho, ayer, la Cancillería aprobó un nuevo
vuelo humanitario desde Malvinas a Chile para atender personas en situación de
riesgo por el COVID-19.
Por medio de una resolución que firmó la
Cancillería, la ANAC habilitó el vuelo de Malvinas a Chile pasando por cielo
argentino.
“Esta es una forma más de demostrar que estamos
dispuestos al diálogo y al buen trato con los isleños”, expresó un funcionario
de la Cancillería.
Así, Gobierno intentó contrastar esta actitud con
la polémica que se desató hace 10 días cuando la Argentina prohibió el
sobrevuelo por el espacio aéreo argentino de un chárter especial de una empresa
uruguaya que había pedido autorización para volar desde Montevideo a Mount
Pleasant.
La Cancillería sugirió que no se lo permitiera y
fue la Administración Nacional de Aviación (ANAC), la que comunicó la decisión.
Se adujo en su momento que en la misma aeronave que viajaban tres isleños por
“razones humanitarias” querían embarcar de regreso a Uruguay entre 22 y 29
pescadores extranjeros.
Según explicó después la Cancillería, ese vuelo no
reunía las características “humanitarias” ya que los pescadores supuestamente
pertenecían a empresas cuyas embarcaciones habían incurrido en la pesca ilegal
en el Atlántico Sur.
Fuente: https://www.infobae.com
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