Autoridades provinciales elevaron una denuncia para evitar el avance de una iniciativa que trae consecuencias económicas para el país, pero también para el medioambiente. Daniel Filmus, por su parte, explicó que este desarrollo "es ilegítimo e ilegal". Es la primera vez que se aplica una ley provincial vigente sobre alguna acción extranjera en el archipiélago.
Por Rocío Criado
Tras el rechazo de la Argentina al intento del gobierno chileno de establecer una nueva demarcación de la plataforma marina en aguas argentinas, ahora la preocupación ronda sobre la posibilidad de que una empresa de Reino Unido construya un megapuerto de aguas profundas en la capital de las Islas Malvinas, cuya puesta en marcha está prevista para 2024. El gobierno de Tierra del Fuego ya elevó una denuncia para evitar el avance de una iniciativa que busca quitarle el lugar de competencia al puerto de Ushuaia y trae consecuencias económicas y para el medio ambiente.
El contrato de las obras se firmó en abril de 2020 con la empresa BAM Nuttall Ltd (grupo Royal Bam), compuesta por capitales mixtos británicos y holandeses con sede en Londres, mientras que en agosto de aquel año personal de la firma llegó a las Islas Malvinas.
"La visión es reemplazar el puerto existente con una nueva instalación que beneficiará a los usuarios en la pesca, el turismo y el transporte marítimo, así como muchas otras partes de la economía. La nueva instalación apoyará la economía nacional y permitirá el crecimiento económico futuro en muchos sectores comerciales", señalaron desde el autoproclamado gobierno en las Islas.
Si bien la pandemia de coronavirus puso un freno a este proyecto, BAM Nuttall presentó el plano del nuevo puerto en una audiencia pública en la municipalidad. Aunque las obras no comenzaron, fuentes del gobierno de Tierra del Fuego precisaron que ya estaban trasladando equipos.
La denuncia del gobierno de Tierra del Fuego
Las autoridades de la provincia del Sur, que por ley nacional tiene jurisdicción de Malvinas, Georgias del Sur y Antártida, rechazaron el proyecto y elevaron una denuncia contra la empresa. Además, destacaron que es la primera vez que se aplica una ley provincial vigente sobre alguna acción extranjera en Malvinas.
"Esta situación está en proceso de denuncia. Es algo inédito porque es la primera vez que un Gobierno provincial toma una medida de estas características, que de manera autónoma avanzamos en este sentido. Para hacer un puerto se tiene que cumplir con las leyes provinciales", explicó a Página/12 Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego.
El funcionario precisó que la Secretaría a su cargo denunció ante la Secretaría de Medio Ambiente, organismo dentro del ámbito del Ministerio de Producción y Ambiente, que la empresa internacional incurre en la violación a dos leyes provinciales: la de Aguas y la de Ambiente.
A través de aquel procedimiento, la Secretaría de Ambiente enviará una notificación oficial a la firma Bam Nuttall Ltd, en la que se la intima a la regulación. Desde ese momento, tiene 90 días para presentar toda la documentación. "En función de la respuesta que tengamos se ve si entra la etapa de judicialización", indicó Dachary.
"Cualquier empresa que quiere hacer una construcción de este tipo en la provincia tiene que hacer determinadas solicitudes para poder avanzar. La empresa va a construir ilegalmente en territorio nuestro", denunció Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur, en diálogo con este diario.
La opinión de Daniel Filmus sobre el conflicto
Por su parte, el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, detalló a este medio que el desarrollo del nuevo puerto "es ilegítimo e ilegal" puesto que "viola la resolución 3149 de Naciones Unidas que dice que ninguno de los dos países en el área de controversia pueden desarrollar actividades sin la autorización del otro". "Lo que muestra es la importancia que va adquiriendo el Atlántico Sur en la cuestión geopolítica global", remarcó.
Consultado sobre el rol de otros países en estos debates, sostuvo: "Hemos resuelto hace muy pocos días en Naciones Unidas la recuperación de la zona de paz del Atlántico Sur, hemos definido que tiene que ser una zona desmilitarizada y al mismo tiempo que las potencias regionales no deben tener cabida en la región".
"Desde el 2015 el gobierno de Mauricio Macri había descuidado la zona de paz y hemos logrado que, con una declaración conjunta que hicimos entre Brasil y Uruguay, se recupere la zona de paz. Esto plantea que tiene que ser una zona de protección de la pesca ilegal, del ambiente y también desmilitarizada. En esto hay conciencia y convergencia", destacó.
En la misma línea se expresó el senador fueguino de Juntos por el Cambio, Pablo Daniel Blanco, quien a través de sus redes opinó: "No me cabe la menor duda de que el Puerto que Gran Bretaña pretende construir en Malvinas es para proyectarse estratégica y geopolíticamente como polo de apoyo logístico sobre la Antártida".
Consecuencias económicas y el efecto de la obra para el medio ambiente
Para el gobernador Melella, el objetivo que persigue la construcción del puerto "es el petróleo, la pesca, una cuestión geopolítica de tener una presencia muy fuerte en el Atlántico Sur y la cuestión Antártica".
"En el Atlántico Sur se juega una gran riqueza de fauna marina, de petróleo y distintos recursos que se lo quieren apropiar", agregó.
Con la misma mirada, Dachary advirtió que "no solamente le va a quitar comercio y mayores saqueos de los recursos fueguinos y argentinos" sino que también "es un riesgo enorme porque amenaza todo lo que es la proyección antártica".
Y
concluyó: "Lo que queremos romper es la posibilidad de que el sector
privado participe en Malvinas y no pase nada".
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar
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