A partir de la histórica Resolución 2065 de la ONU, Argentina dio una serie de pasos para avanzar en el reconocimiento de sus derechos sobre Malvinas. Recorremos los hitos, las fortalezas y los puntos débiles de nuestra estrategia nacional de recuperación.
Por Mariano Roca
Considerada como el hito fundacional de nuestra diplomacia respecto de Malvinas, la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue el primer gran logro de la Cancillería argentina. Votada el 16 de diciembre de 1965, esa resolución reconoció la “existencia de una disputa entre los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido” acerca de la soberanía de las islas. “Fue el puntapié de la historia contemporánea de Malvinas”, señaló a DEF Federico Martín Gómez, secretario de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas (ReFEM 2065) y del Departamento del Atlántico Sur del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Si bien la disputa se enmarcó dentro de las competencias del Comité de Descolonización de la ONU, se trata de un caso muy particular. “En Malvinas se reconoce la existencia de un escenario vinculado al colonialismo y se identifica una disputa de soberanía, pero no así la existencia un pueblo originario”, explicó Gómez. De allí que prevalezca la integridad territorial de la Argentina y no sea aplicable el derecho a la libre determinación de los habitantes de las islas, que fueron trasladados allí luego de la usurpación del 3 de enero de 1833. En ese sentido, las únicas dos partes involucradas en la disputa son nuestro país y el Reino Unido, como ha reconocido históricamente la Organización de las Naciones Unidas.
Grandes avances de la diplomacia argentina
En las décadas posteriores, se dio un avance en las negociaciones bilaterales con Londres. Así fue como se firmó el Memorándum de 1968, que hacía mención al objetivo común de una “solución definitiva y en forma amistosa de la disputa sobre la soberanía”. Sin embargo, tal como recordó el investigador de la UNLP, el lobby isleño frustró ese primer intento de acercamiento. Al respecto, Gómez aclaró que con el término “lobby isleño” no se refería a los habitantes de las islas, sino a “actores vinculados a las grandes corporaciones y empresas de la metrópoli que buscaban mantener la propiedad sobre los recursos de las islas, puntualmente la pesca y las grandes estancias laneras”. Ese grupo de presión se hizo fuerte ante el Parlamento británico en los siguientes años.
Así y todo, bajo la fórmula del “paraguas de soberanía”, se alcanzaría en 1971 el Acuerdo de Comunicaciones. ¿A qué nos referimos con “paraguas de soberanía”? la Argentina comenzó a explorar un acercamiento en distintas cuestiones operativas, con la premisa de no renunciar al reclamo soberano sobre las islas. Este instrumento permitió la llegada del primer vuelo oficial de Líneas Aéreas del Estado (LADE) a Puerto Argentino en julio de 1971. El 15 de noviembre de 1972, sería inaugurado oficialmente el aeropuerto en la capital malvinense, construido por la Fuerza Aérea Argentina. “Fue un proceso de continuo avance, que se dio entre 1971 y 1982, e involucró a YPF, Gas del Estado, LADE y la llegada de maestras argentinas que enseñaban inglés a los isleños”, subrayó Federico Martín Gómez.
En cuanto al tema de fondo, el de la soberanía de las islas, se avanzó en el planteo de fórmulas que permitieran poner un punto final a la disputa. La negociación que más avanzó fue la del denominado “retroarriendo” (leaseback, en inglés). Implicaba que el Reino Unido reconocería la soberanía argentina luego de un período de tiempo y, mientras tanto, seguiría administrando las islas. Las tratativas no llegaron finalmente a buen puerto. Otra vez se interpuso el lobby isleño que pugnaba por mantener el statu quo en el archipiélago.
Los actos unilaterales británicos
Posteriormente, la guerra de 1982 dinamitó todos los puentes, y los vínculos diplomáticos recién se retomarían recién a fines de esa década, con la llegada al poder de Carlos Saúl Menem. Mientras tanto, durante la administración de Alfonsín, se exploraron canales de entendimiento a través de terceros países, específicamente Suiza, Brasil y los EEUU, pero no hubo resultados concretos. En el ínterin, el Reino Unido realizó distintos actos unilaterales, como la ampliación en 1987 de la zona de exclusión en torno a las islas a 200 millas.
Desde Londres, también se dieron pasos en el plano militar, como el establecimiento de una base militar en Monte Pleasant, que comenzó a operar en 1986. Dos años más tarde, tuvieron lugar los ejercicios militares bautizados como Fire Focus, una réplica de las operaciones de desembarco de los británicos en 1982. “Esas medidas no ayudaron al diálogo”, argumentó el secretario de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas (ReFEM 2065).
La importancia de la base de Monte Pleasant es clave para la proyección británica en la zona. Tal como graficó a DEF el ex vicecanciller Roberto García Moritán, se trata de la “tercer base aérea británica en el mundo por sus dimensiones, luego de las de la isla Ascensión y Chipre”. “La base militar apunta a propósitos más amplios que la simple defensa de las islas; están relacionados con la decisión británica de tener una mayor presencia en el Atlántico Sur”, añadió el diplomático.
De la seducción al desencuentro
Un importante viraje en la estrategia diplomática argentina se dio a partir de la llegada al poder de Carlos Menem, durante cuyo gobierno se produjo el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el Reino Unido. “Se dio un quiebre en el paradigma de la diplomacia tradicional argentina”, sostuvo Gómez, al indicar que “se empezó a negociar por ítems y ya no desde el reclamo soberano”. Otra variante respecto del tradicional enfoque argentino fue la aparición de los isleños “jugando” como un tercer actor en la disputa. Esa fue la base de la “política de seducción” encarada por el entonces canciller Guido Di Tella, que quedaría en el recuerdo popular por el envío a los niños isleños de los legendarios ositos Winnie The Pooh. A partir de 1999, sobre el final del gobierno de Menem, se acordó el establecimiento de una escala mensual en Río Gallegos para los vuelos de la línea aérea chilena LAN que partían desde Punta Arenas hacia Malvinas.
Tras la crisis de 2001, serían los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner los que marcarían un “reseteo” en la diplomacia de Malvinas y un endurecimiento de las relaciones con Londres. En plano bilateral, se suspendieron en 2005 los acuerdos en materia de pesca y, dos años más tarde, se hizo lo propio con el acuerdo en materia de exploración de hidrocarburos costas afuera de las islas, firmado en 1995. En ambos casos, se achacó a los británicos su accionar unilateral en la venta de licencias pesqueras y permisos de exploración de gas y petróleo.
La apuesta del matrimonio Kirchner fue, en palabras del investigador de la UNLP, “multilateralizar el reclamo soberano” y “transformar un reclamo nacional en continental”. Entre los foros que respaldaron la posición argentina a nivel regional, podemos señalar el Mercosur, la ya extinta Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y su Consejo de Defensa Sudamericano y, finalmente, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). Entre otras acciones, los países de la región se comprometieron a adoptar medidas para “impedir el ingreso a sus puertos de los buques que enarbolen la bandera ilegal de las islas Malvinas”.
Durante la gestión de Mauricio Macri, a través de los acuerdos Foradori-Duncan, firmados en 2016, por un lado, se buscó retomar el diálogo y la cooperación en materia de recursos naturales. Por otro lado, se buscó avanzar en nuevas conexiones aéreas con las islas, con el establecimiento de dos escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino. Y, por último, en 2017, en el marco de una política iniciada ya en la última etapa de Cristina Kirchner, se inició el “Plan Proyecto Humanitario Malvinas” de identificación de los soldados argentinos sepultados como “NN” en el cementerio de Darwin, que ha sido reconocido y galardonado por la Cruz Roja Internacional.
¿Una política de estado?
Al hacer un balance de estas últimas cuatro décadas, otro de los grandes hitos fue la incorporación de la recuperación de la soberanía Malvinas como un mandato constitucional, introducido en la disposición transitoria primera de nuestra Carta Magna tras la reforma de 1994. Cabe entonces la pregunta: ¿estamos ante una de las pocas políticas de Estado en la que no hay grietas en la dirigencia ni en la sociedad argentina? “Sí, se puede identificar con mucha claridad que existe una política de Estado”, opinó Federico Martín Gómez. Sin embargo, matizó, “esa política de Estado coexiste con los bandazos de cada gestión de gobierno, que cambia la herramienta o la praxis en torno a la implementación de la política sobre Malvinas a nivel diplomático”. Desde su punto de vista, “eso es, justamente, lo que hoy nos está impidiendo la consecución de ese objetivo soberano compartido por toda la sociedad”.
Fuente:
https://www.infobae.com
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