Los
hechos demostraron que, tristemente, quienes lanzaron la “Operación Rosario”
desconocían la máxima que dice que es fácil comprender cómo se inicia una
crisis militar, pero extremadamente complejo determinar cuáles serán sus
consecuencias
Por
Atilio Molteni
El
frente de la Embajada argentina en Londres
En
el año 1982 me desempeñaba como Encargado de Negocios de la Embajada argentina
en el Reino Unido. El 2 de abril fracasaron las tratativas diplomáticas en
curso referentes a la Cuestión Malvinas cuando se inició el conflicto militar.
Ante la ausencia del embajador Carlos Ortiz de Rosas, que estaba a cargo
temporariamente del diferendo con Chile sobre el Canal de Beagle, y se
encontraba en el Vaticano, el destino quiso que tuviera que asumir esa
responsabilidad en un momento crucial de nuestra historia reciente.
Las
gestiones diplomáticas entre argentinos y británicos ya habían tenido un último
capítulo infructuoso semanas antes, en Nueva York, durante el mes de febrero de
aquel año. Habiéndome desempeñado anteriormente en nuestra Misión ante la ONU
en esa ciudad, así como en Ginebra, contaba yo con una razonable experiencia en
el desarrollo de crisis internacionales, pero la situación era muy diferente al
tratarse de mi país y estar en juego la vida de soldados argentinos que
tendrían que combatir en un escenario inesperado. En ese caso, era primordial
evitar una guerra, eligiendo apropiadamente los mejores recursos diplomáticos,
si bien en un contexto en el que los centros de decisión son múltiples.
Asimismo, resultaba necesario determinar el interés nacional y al mismo tiempo
satisfacer los puntos de vista gubernamentales. Es una situación
particularmente desafiante donde el equilibrio es difícil de alcanzar.
Cabe
recordar que la disputa de soberanía entre nuestro país y el Reino Unido por
las Islas Malvinas y dependencias se remonta a su ocupación ilegítima por un
acto de fuerza en 1833. Nuestros derechos se basan en la historia y en los
principios reflejados en la resolución 1514 (xv) sobre descolonización, de la
Asamblea General de la ONU del 14-12-1960, así como en su resolución 2065 (xx),
que constituyó un reconocimiento de la comunidad internacional de la legalidad
de nuestro reclamo y un gran éxito diplomático.
A
partir de 1965 se avanzó en la negociación, ante el interés británico de
desprenderse de sus colonias, pero gradualmente Londres se enfrentó a dos
alternativas contradictorias: la eventual transferencia de soberanía a
Argentina y el reconocimiento de un supuesto derecho de los isleños a la libre
determinación. A pesar de su interés minoritario, condicionaron a sucesivos
Gobiernos británicos que, por razones electorales, les otorgaron un poder de
veto. Por otra parte, no pudimos convencer a los miembros del Parlamento de la
conveniencia de un acuerdo.
Las
negociaciones tuvieron avances y retrocesos, pero el interés británico en el
mejoramiento de las comunicaciones con las islas permitió concretar un acuerdo
bilateral en 1971, y luego las opciones que se analizaron fueron el condominio
y la transferencia-arrendamiento, que permitiera la continuación de la
administración británica, hasta que ésta pasara definitivamente a nuestro país.
El
Gobierno británico tuvo en cuenta la posibilidad una eventual acción militar
argentina, pero optó por continuar dialogando debido a que la defensa de las
islas hacía necesaria una gran operación militar y muchos recursos, sin que sus
diplomáticos alertaran lo suficiente a la dirigencia política sobre los
peligros de ganar tiempo, sin definir un arreglo adecuado para la solución de
la controversia.
Margaret
Thatcher era la primera ministra del Reino Unido al estallar la guerra por las
Malvinas
A
su vez, la recesión que afectó a los países desarrollados en la segunda mitad
de la década del setenta, a partir de la crisis petrolera derivada de la Guerra
de Yom Kipur en 1973, tuvo una especial significación en la economía británica.
En ese contexto, sus Gobiernos anteriores a la llegada al poder de la señora
Thatcher en 1979 representaban a un “imperio en decadencia”. Esta situación
contribuyó a crear en la Argentina una imagen distorsionada de la realidad
británica. Además, bajo un nuevo liderazgo conservador, en los inicios de los
años 80, Londres comenzó a desarrollar planes para su defensa, en un marco
global donde priorizaban la modernización de su disuasivo nuclear y otros
problemas geopolíticos de la Guerra Fría.
En
diciembre de 1981, la Junta Militar presidida por el Teniente General Leopoldo
Galtieri decidió intensificar los reclamos, como una alternativa a la profunda
crisis política y económica que enfrentaba el Gobierno. El 27 de enero de 1982,
el canciller Nicanor Costa Méndez presentó una nueva propuesta para crear una
comisión negociadora permanente, que debía cumplir en un año la transferencia
de la soberanía. La iniciativa fracasó en una reunión bilateral celebrada a
fines de febrero de 1982, en Nueva York, por lo cual el Gobierno argentino
decidió actuar por otros medios.
Leopoldo
Galtieri presidía la Junta Militar en abril de 1982. Aquí en las islas junto al
gobernador Mario Benjamín Menéndez
Posteriormente
tuvo lugar el incidente en las islas Georgias del Sur que contribuyó a
desencadenar el conflicto armado. Se originó al llevarse adelante un contrato
privado de desguace de instalaciones balleneras en dichas islas, donde el
personal argentino desembarcó el 19 de marzo de 1982. El Gobierno británico lo
consideró ilegal y al día siguiente su buque “Endurance” recibió instrucciones
de expulsarlos, acción que no se concretó, por la presencia de buques
argentinos en el área.
Durante
esos días fui citado al Foreign Office para tratar el incidente. Reiteradamente
expresé que estábamos en un curso de colisión y que la falta de respuesta al
mecanismo de negociación, favorecía un desenlace militar. Esas gestiones se
llevaron a cabo sin instrucciones, pero guiadas por mi interpretación de la situación
existente. El 29 de marzo, el Canciller británico Lord Carrington informó a su
Gobierno que la disputa podría dar origen a una confrontación militar.
Simultáneamente se me hizo llegar una propuesta confidencial sugiriendo una
reunión inmediata entre los vicecancilleres de ambos países, la cual no fue
aceptado por Buenos Aires. Tres días antes se había optado por la alternativa
militar.
Fue
un grave error intentar recuperarlas para después negociarlas. Incluso se buscó
que la ocupación fuera incruenta y la permanencia de una reducida guarnición.
No se analizó la situación internacional de la Guerra Fría, por la cual Estados
Unidos no aceptaría que un miembro de la OTAN y su aliado permanente fuera
obligado a un arreglo por la fuerza de las armas. No se evaluó que era un país
poseedor de armas nucleares que, en la práctica, fueron llevadas al Atlántico
Sur. A su vez, la historia británica permitía suponer una reacción militar
efectiva. La determinación de Galtieri en lograr su objetivo fue tal, que el 1°
de abril no aceptó una gestión del presidente norteamericano Ronald Reagan que
le ofreció su mediación para evitar una acción bélica, subrayando que el Reino
Unido la consideraría un casus belli.
Ronald
Reagan era el presidente de los Estados Unidos en 1982
Al
producirse el desembarco argentino el 2 de abril, fui citado por el Secretario
Permanente de la Cancillería, quien demostrando que el orgullo imperial estaba
profundamente herido, me notificó con hostilidad la ruptura de las relaciones
diplomáticas, y me advirtió que en tres días debía abandonar Londres junto al
personal de la Embajada. Respondí que nuestro país actuaría de igual manera.
Luego me solicitó una explicación de nuestra acción en Malvinas, y contesté que
Argentina había vuelto a lo que histórica y legalmente le pertenecía. Entonces
me aseveró que ello sería discutido en Naciones Unidas y en otros lugares. Mi
interpretación de sus palabras fue que muy pronto se desencadenaría un
conflicto armado en el Atlántico Sur, evaluación que luego transmití al
Canciller, cuando todavía nuestro Gobierno creía que era posible una solución
negociada.
Un
suceso destacable de ese mismo día, demostrativo de que la intención original
de la Junta era negociar, es que no se había decidido el destino de los fondos argentinos
en Londres, por lo cual ordené que aquellos disponibles fueran transferidos a
otros centros financieros (700 millones de dólares depositados en el Banco de
Inglaterra). Medida afortunada, pues al día siguiente, el Parlamento dispuso su
embargo.
El
día 3 de abril, el Gobierno obtuvo la conformidad del Parlamento para el envío
de una fuerza de tareas al Atlántico Sur. Con esta decisión, la primera
ministra Thatcher, superó las críticas de quienes buscaron su renuncia por el
manejo de la crisis, cuando sólo contaba con el 23 % de aceptación popular. Su
futuro político pasó a depender de una acción militar decisiva, mientras la
Armada británica que enfrentaba un programa de reducción de unidades, estuvo
interesada en demostrar su capacidad tradicional. Además, con la resolución 502
del Consejo de Seguridad de la ONU, el Reino Unido logró legitimar
internacionalmente su acción militar, respondiendo al interés de la Primera
Ministra favorable a una solución militar de la crisis.
Leopoldo
Galtieri se asoma a la Plaza de Mayo donde una multitud se ha reunido para
apoyar la acción de la dictadura de recuperar Malvinas (Foto: Victor Bugge)
Estos
desarrollos coincidieron con la formidable reacción que significó la presencia
popular en la Plaza de Mayo, que se reflejó en toda la Argentina, que se
manifestó en favor de la ocupación de las islas y provocó un gran triunfalismo.
Esta realidad condicionó a la Junta Militar en el proceso de negociar una
solución diplomática, pues luego prefirieron la derrota militar antes que
enfrentar a su pueblo, dejando de lado el propósito inicial de la “Operación
Rosario”. Los hechos posteriores demostraron que, tristemente, desconocían una
máxima: aquella que explica que es fácil comprender cómo se inicia una crisis
militar, al tiempo que es extremadamente complejo determinar cuáles serán sus
consecuencias.
Fuente:
https://www.infobae.com
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