Como
reflejo del brexit, el gobierno ilegítimo del archipiélago estudia cuotificar
la captura del calamar sin capturas máximas permisibles.
Trabajadores
descargan pescado de un barco en Puerto Stanley, en las islas Malvinas, el 14
de marzo de 2013. Foto: AP
El
Reino Unido se encuentra reperfilando la estrategia pesquera. Los barcos
europeos ya no tendrán acceso automático a caladeros como Gran Sol en el
Atlántico Norte. Una revisión similar se encuentra en proceso en el Atlántico
Sur por parte de las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas, tendiente a
alterar el régimen administrativo de las pesquerías incluyendo el manejo del
calamar y las concesiones. La medida responde básicamente a compensar los
efectos del Brexit e intentar preservar las inversiones pesqueras y venta de
permisos que representan casi el 50% del PBI del archipiélago y el 30% de los
ingresos fiscales. Ambas referencias dan una idea de su importancia ante el
riesgo de estancamiento.
La
intención sería cuotificar el calamar illex argentinus a través de un régimen
de cuotas individuales transferibles similar al que aplica Nueva Zelanda para
las pesquerías de calamar flecha (dos especies del genero Todarodes). Las
cuotas se distribuirían en proporción entre barcos que posean capturas
históricas de acuerdo al volumen de las mismas, dejando un porcentaje para
nuevos participantes. Un informe de la consultora Terra Moana sugiere incluso
otorgar licencias de pesca a perpetuidad. Ese documento sería la base de
algunas de las reformas en la administración pesquera, con el objetivo
explícito de retener el control de los recursos naturales, asegurar su
explotación y permitir el acceso a mercados.
El
enfoque es preocupante porque altera el esquema actual de manejo del calamar,
que se basa en una estimación de la biomasa poblacional anual previa al inicio
de la temporada (1 de febrero) y el cierre de la misma a más tardar el 30 de
junio o antes, conforme a los rendimientos. La inquietud reside en que no se
fijarían capturas máximas permisibles, y es probable que los barcos anticipen
la pesca, con una mayor presión extractiva de febrero a mayo, y el riesgo de
que la prolonguen sobre la fecha límite aconsejable y operen sobre la fracción
juvenil, afectando la sustentabilidad de la especie tanto en las aguas
circundantes a Malvinas como en las internacionales. También atraería un
aumento de la pesca por arrastre, y habría una mayor muerte incidental de mamíferos
marinos.
Si
bien el método neozelandés trasladado a Malvinas puede ser ventajoso desde el
punto de vista de la economía de las islas, implicaría dejar de lado
evaluaciones anuales en la forma de cruceros de pre reclutas, tal como realiza
la Argentina. Esas estimaciones científicas son clave para poder alcanzar el
valor de las asignaciones de captura. Sin datos previos difícilmente habrá
algún tipo de alerta para el cierre temprano que garantice el escape y proteja
reproductores, lo que comprometería la situación de la pesquería en su
conjunto. La cuestión adquiere gravedad adicional por la pesca desmesurada en
la milla 201.
El
tema, por sus variadas consecuencias, debería ser materia de tratamiento en la
Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS). De acuerdo a información pública,
dicho Comité no ha sesionado en los últimos años y solo se reúne el Subcomité
científico, que no tiene en agenda cuestiones de esta naturaleza. Ese vacío es
desilusionante y pone en evidencia la necesidad de reflexionar sobre mejores
procedimientos diplomáticos y técnicos para encarar con eficacia la problemática
de la pesca en el Atlántico Sur.
Fuente:
https://www.clarin.com
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