A 50 AÑOS DEL ALEGATO RUDA. LA “CUESTIÓN MALVINAS” Y LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA EN EL MARCO DE LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA FRENTE A LA OCUPACIÓN ILEGÍTIMA DEL COLONIALISMO BRITÁNICO

Por Marcelo Troncoso (*) y María Lis Rolandi (**)

Introducción

En el siguiente ensayo se propone analizar la situación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos Circundantes (en adelante “Cuestión Malvinas”), con el objetivo de realizar una reflexión acerca de la iniciativa del proceso de descolonización, a través de la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, expuesta por el Embajador argentino José Ruda, donde se fundamenta el legítimo derecho de la Argentina sobre las islas, basado en razones históricas, jurídicas y geográficas. Conjuntamente se indaga sobre la importancia de las islas Malvinas para el espacio latinoamericano y diversos organismos multilaterales. En el presente estudio se analizará la “Cuestión Malvinas” desde la perspectiva de la complejidad, basada en la intervinculación de un conjunto de disciplinas y temáticas, realizando un abordaje sistémico donde se enlazan la esfera política, el marco jurídico y económico, los aspectos geopolíticos, la apropiación de los recursos naturales y la integración y apoyo latinoamericano.

Efectivamente, la “Cuestión Malvinas, es emblemática ya que en ella se enmarca la disputa por la soberanía de una importante región territorial de la República Argentina, que ha sido usurpada por medio de una situación colonialista por parte del gobierno británico, y que continúa en el presente bajo las condiciones neocolonialistas y de acumulación mediante desposesión. En el ensayo se identifican los objetivos del país europeo, entre los que se visualiza la apropiación de importantes recursos geoestratégicos, como los hidrocarburos y las reservas de agua dulce, recursos naturales en general y una crucial vía marítima sobre el Atlántico sur.

Es por ello que el gobierno de Gran Bretaña no acata la Resolución emanada de la Organización de las Naciones Unidas, quien intima a ambos Estados a dar solución por la vía pacífica a esta controversia. Al contrario, el gobierno de Gran Bretaña utiliza la militarización para intimidar al gobierno y al pueblo argentino.

Por otro lado, se analizará el cambio de postura del gobierno argentino a partir del año 2003, el cual se basa en el legítimo reclamo de soberanía por medio de la negociación pacífica y de la diplomacia, ya que la “Cuestión Malvinas” se convirtió para la Argentina en una política de Estado. Además, ha recibido el apoyo de los países latinoamericanos (en el marco de la unidad latinoamericana), así como de la comunidad internacional en general y de importantes organismos internacionales que bregan por la resolución pacífica del diferendo, logrando un relevante respaldo diplomático para la Argentina.

Resolución 2065

El año en vigencia resulta de especial relevancia, puesto que el 16 de diciembre del año 2015 se cumplirán cincuenta años de la aprobación de la Resolución 2065[1], uno de los mayores éxitos diplomáticos de la historia argentina, por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, la que invita a los Estados: 

“…a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales a fin de encontrar una solución pacífica al problema, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, así como los intereses de la población de las Islas Malvinas”. 

En ese histórico día, la Asamblea General de las Naciones Unidas se pronunció por primera vez sobre el problema de soberanía entre la Argentina y Gran Bretaña por las islas Malvinas. Esta Resolución del año 1965 significó una gran victoria diplomática para la Argentina, “dado que representaba la obtención de un instrumento jurídico valioso para torcer la negativa británica a negociar la soberanía sobre las islas”[2]. En el año 1966 se iniciaron formalmente las negociaciones entre ambos Estados, las cuales se llevaron a cabo con algunas interrupciones durante dieciséis años, hasta el año 1982. Sin embargo, por diferentes componentes, el diferendo no pudo solucionarse de un modo favorable para la Argentina y luego de la guerra de Malvinas (1982), el gobierno británico (ya sea conservador o laborista) mantiene una férrea posición evadiendo reiteradamente este instrumento para participar en la mesa de negociaciones con Argentina. Situación que entorpece y obstaculiza un acuerdo entre ambas partes por la disputa de la soberanía de las islas. Por tanto, desde el año 1982, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se rehúsan constantemente a retomar el diálogo diplomático con la República Argentina[3]. Es así que: 

“…esa resolución, al tiempo que reconoció formal y expresamente la existencia de la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur que, en adelante, denominó “Cuestión de las islas Malvinas”, instó a sus únicas dos partes, la Argentina y el Reino Unido, a encontrarle una solución pacífica, a la mayor brevedad, a través de negociaciones bilaterales. Piedra angular en esta proeza diplomática argentina fue la articulada defensa de los argumentos argentinos realizada por el Delegado argentino, el Embajador José María Ruda, en el Comité Especial de Descolonización, ante cuyo Subcomité III pronunciara el célebre alegato que hoy se conoce con su nombre.” (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2014: 9).

A partir del año 1965, el Comité de Descolonización[4] reitera incansablemente su invitación a ambos Estados a sentarse al diálogo para la resolución de la “Cuestión Malvinas”[5], en los aspectos relacionados con el territorio en el marco de las disposiciones de la Asamblea General. En la declaración expuesta ante las Naciones Unidas el embajador Ruda dejaba explícito: 

“Señor Presidente, no hemos cesado durante 131 años de reivindicar frente a los oídos sordos de Gran Bretaña la devolución de estas islas que nos pertenecen. Hoy se abre una nueva esperanza a la República Argentina de encontrar la comprensión y el apoyo de las Naciones Unidas uno de cuyos objetivos más nobles es terminar con la era colonial, en todas partes del mundo. La política colonialista de la época tiene uno de sus ejemplos más típicos en el caso de las islas Malvinas.” (“Alegato Ruda”, 1965). 

Se cumplen por tanto cincuenta años del hecho histórico que marcaba doblegar la negativa británica a negociar la soberanía sobre las islas. Sin embargo, se conllevan ciento ochenta y un años de ocupación ilegítima a la fuerza y de anacronismo colonial por parte de Gran Bretaña, que tanto Argentina, América Latina y los diversos Estados, foros y convenciones durante décadas no están dispuestos en el actual sistema mundo a aceptar. 

En forma concisa, sin entrar en detalles ya que no es el objetivo del siguiente trabajo se analizará la evolución histórica, presentando en un cuadro los hitos más importantes en las relaciones de ambos Estados que da cuenta de las acciones en el período 1833-1965, fecha en que comienza a tener mayor importancia el reclamo en los foros internacionales. Debe aclararse que en el cuadro no se incluyen todos los actos, sino los más significativos[6]24 anteriores a la Resolución 2065. 

Cuadro Nº 1:

Principales acciones unilaterales de Argentina y Gran Bretaña respecto a las Islas Malvinas y sus Dependencias (1833 – 1965).

Año	Acción/es
1833	Protesta contra la agresión ante el encargado de negocios británicos en Buenos Aires.  Reclamación ante el Foreign Office. Respuesta negativa del Foreign Office. Contrarréplica a la respuesta del ministerio inglés.
1884	Rechazo del gobierno argentino contra una protesta británica por el mapa argentino que incluye las Malvinas.  Propuesta argentina de someter la disputa a un arbitraje: rechazo inglés de la misma.
1927	Argentina inicia reclamos sobre las Islas Georgias del Sur.
1945	El embajador británico en Argentina presenta una nota al gobierno en la cual declara que el gobierno británico estaba dispuesto a tomar todas las medidas necesarias para defender los derechos soberanos británicos sobre las colonias y sus dependencias. La nota detallaba actividades secretas realizadas por la Argentina en las Dependencias durante 1943. El gobierno argentino respondió que esperaba solucionar el diferendo más adelante, directamente con Gran Bretaña.
1955	El gobierno británico inicia ante la Corte Internacional de Justicia un reclamo contra la Argentina relativo a los derechos de soberanía sobre las dependencias de las Islas Malvinas. La presentación se tituló “Solicitud del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativa a las incursiones del Gobierno argentino en territorio antártico británico”, y constaba de un pedido para que la Corte obligara a la Argentina a respetar la soberanía sobre todos los territorios de las Dependencias. La Argentina no acepta la jurisdicción de la Corte, ni de ninguna otra corte internacional, panel de mediación o arbitraje, pasando así a contar sólo con las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el Movimiento de Países No Alineados para la presentación de sus reclamos.
1959-1961	Con la firma y entrada en vigencia del Tratado Antártico, Gran Bretaña modifica los límites de los territorios en disputa.
1965	La Cancillería argentina envía una nota al gobierno británico invitándolo a iniciar negociaciones bilaterales con el fin de resolver las diferencias entre ambos. La nota fue respondida afirmativamente en noviembre de este año, haciendo la salvedad que para que tales relaciones tuvieran lugar, se tendría que dejar de lado el tema de las Malvinas.

Fuente: Elaboración propia en base a Cisneros, Andrés, Escudé, Carlos 1999 Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina. (Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano).

Los actos de repudio de la Argentina que ocurrieron luego de la ocupación británica de las islas se sucedieron a lo largo de los siglos XIX y XX. Cabe destacar que a mediados del siglo XX esta diplomacia unilateral y bilateral se complementaría con la multilateral por parte del Estado argentino. En efecto, se comienza a recurrir mayormente a los distintos organismos internacionales, tales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en busca de difusión del conflicto y un eventual apoyo en la negociación de la soberanía. Estos ámbitos se volverían claves para la cuestión, ya que se lograrían importantes avances para dar paso (presión de la ONU mediante), a una negociación bilateral. Sin embargo, la posición de Gran Bretaña en cuanto a la política exterior se encuentra:

“…enfocada en medidas unilaterales sustentadas en la fuerza y en los hechos consumados, independiente de la relación con los gobiernos argentinos de turno, negándose inexorablemente a negociar la soberanía argentina sobre las islas al considerar que la misma ha sido resuelta a su favor con la victoria militar, y sosteniendo de modo forzado el derecho a la autodeterminación de los isleños, apoyándose en el deseo de aquellos de «permanecer británicos». Desde este lugar, Inglaterra intentará hacer prevalecer este principio por el preeminente de descolonización, desoyendo las Resoluciones de Naciones Unidas, y por supuesto, desconsiderando todos los derechos históricos, geográficos y de derecho internacional que legítimamente Argentina ostenta respecto de las islas del Atlántico Sur y sus espacios marítimos circundantes (Liendo, 2012: 23). 

Frente a la posición de unilateralismo expuesta por los británicos, el multilateralismo ha sido desde el año 2003 la vía primordial recorrida por la Argentina, para elevar internacionalmente su reclamo. Esta estrategia le ha permitido a la Argentina situar nuevamente la “Cuestión Malvinas” en la sociedad internacional y demostrar el accionar ilegítimo, colonialista y unilateral británico.

Para finalizar este apartado, siendo que se cumplen cincuenta años de la Resolución 2065, Gran Bretaña no se ha dispuesto a dialogar por la soberanía de las islas; ha extraído recursos naturales de gran importancia; ha involucrado a la población a través de referéndums, por lo que: 

“…al igual que en todas las resoluciones subsiguientes, la Asamblea General insta a la República Argentina y a Gran Bretaña a buscar una solución pacífica de esta disputa de soberanía. Es decir que sólo la República Argentina y Gran Bretaña son los llamados a negociar esa solución y no los habitantes de las islas. Los representantes de los habitantes de las islas quedan excluidos de las negociaciones para lograr una solución pacífica de esta disputa de soberanía. Esto está conectado con la falta de calidad de pueblo de los habitantes de las islas y la consiguiente falta de titularidad de un derecho a libre determinación. (Pintore, 2013:143).

Marco Legal Argentino. Espacios Marítimos

La Reforma Constitucional realizada en la Argentina el año 1994 insertó en el inciso “Disposiciones Transitorias” lo siguiente: 

La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

Esta disposición resultó de un especial interés en normativas jurídicas, puesto que por vez primera se incorporó en la Carta Magna la “Cuestión Malvinas”. 

Por otro lado, el artículo 2340 del Código Civil en su inciso 1°, establece que quedan comprendidos entre los bienes públicos, los mares territoriales hasta la distancia que determine la legislación especial, independiente del poder jurisdiccional sobre la zona contigua. La legislación concedida por la Ley N° 23968[7] se refiere a: “el mar territorial argentino se extiende hasta una distancia de doce millas marinas a partir de las líneas de base” (Art. 3 Ley 23968). Las líneas de base son las líneas de base normales y de base rectas definidas en un listado que forma parte como Anexo I de la Ley 23968 y su trazado figura en cartas que forman un Anexo II de la misma Ley. Quedan incluidas en las líneas de base, las líneas que unen los cabos que forman las bocas de los golfos San Matías, Nuevo y San Jorge, tal cual lo establece el artículo 1° de la Ley 17094 y la línea que marca el límite exterior del Río de la Plata, según los artículos 1° y 70 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, del 19 de noviembre de 1973. (Art.1 Ley 23968)”. 

Por su parte, la Ley N° 17094[8], implanta la soberanía de la Nación Argentina extendiéndose a su territorio al mar adyacente hasta una distancia de doscientas millas marinas. Desde la sanción de la Ley 23968[9], se puntualiza en un principio general donde el contenido, los poderes y lo que involucra a la soberanía nacional sobre las doscientas millas han quedado ahora establecidas con detalle por ésta Ley, enteramente análoga con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar[10]. La Nación argentina posee y ejerce soberanía plena sobre el mar territorial, así como sobre el espacio aéreo, el lecho y el subsuelo de dicho mar. Allí se reconoce a los buques de terceros Estados el “derecho de paso inocente”[11], siempre que el mismo se practique de conformidad con las normas del Derecho Internacional y a las leyes y reglamentos que la República Argentina dicte en su condición de Estado ribereño (Art. 3 Ley 23968).

La zona contigua argentina se extiende más allá del límite exterior del mar territorial, hasta una distancia de veinticuatro millas marinas medidas a partir de las líneas de base (Art. 4 Ley 23968). En esta zona la Nación Argentina ejerce todos sus poderes fiscales y jurisdiccionales, preventivos y represivos, en materia impositiva, aduanera, sanitaria, cambiaria e inmigratoria, sin perjuicio de las exenciones parciales o totales que legalmente se determinen (Decreto 2623/91 Art. 1 y 2). La República Argentina, en su condición de Estado ribereño, podrá adoptar medidas de conservación en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y en el área adyacente a ella sobre los recursos transzonales y altamente migratorios, o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la ZEE argentina. Éste último se extiende, más allá del límite exterior del mar territorial, hasta una distancia de doscientas millas marinas a partir de las líneas de base (Art. 5 Ley 23968). Asimismo, ejerce derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos. Las normas nacionales sobre conservación de los recursos se aplicarán más allá de las doscientas millas marinas, sobre las especies de carácter migratorio o sobre aquellas que intervienen en la cadena trófica de las especies de la zona económica exclusiva argentina. (Art. 5 Ley 23968).

La plataforma continental sobre la cual ejerce soberanía la Nación Argentina, comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de doscientas millas marinas medidas a partir de las líneas de base, en los casos en que el borde exterior no llegue a esa distancia (Art. 6 Ley 23968). 

La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en su prolongado trámite de casi diez años, también consideró el tema de la plataforma continental para lo cual tomó como base el texto de la Convención de Ginebra de 1958, antes referida. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, elaborada y aprobada en la Tercera Conferencia, introdujo profundos cambios a los antecedentes de la Convención de 1958, referidos a la plataforma continental, donde se habían sostenido los criterios de “profundidad” y “explotabilidad”. Lo hizo en su Parte VI, artículos 76 a 85, inclusive. Efectivamente, en sus diez incisos, el Art. 76 define a la plataforma como: “prolongación natural del territorio del Estado ribereño”, extendiéndolo “más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental” o, para los Estados con borde exterior pequeño en su margen continental: “hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia”.

A éste apartado, se le adiciona que el límite exterior establecido más allá de las 200 millas marinas:

“deberá estar situado a una distancia que no exceda de 350 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial o de 100 millas marinas contadas desde la isobata de 2500 metros, que es una línea que une profundidades de 2500 metros”. 

A tal efecto, por la Ley 24815[12] del año 1997 se creó la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, con el fin de elaborar una propuesta definitiva para establecer el límite exterior de la Plataforma Continental Argentina.

En los espacios marítimos, la República Argentina conserva el derecho de construir, autorizar y reglamentar la construcción, el funcionamiento y la utilización de todo tipo de instalaciones y estructuras, ejerciendo sobre las mismas su jurisdicción exclusiva, inclusive en materia de leyes y reglamentos en materia fiscal, aduanera, sanitaria y de inmigración (Art. 9 Ley 23968)[13]. 

Marco Legal Británico

Uno de los fundamentos en los que radica Gran Bretaña su “legalidad” en la posición de las islas es de variable histórica: alega que en 1766 (cuando ocupó las islas, fundando Port Egmont), ésta era tierra de nadie (res nullius). Sin embargo, hacia el año 1833, a pesar de que las islas efectivamente estaban gobernadas por Vernet (gobernador de las islas por las Provincias Unidas del Río de la Plata), los británicos usurpan las islas, y aducen una vez más ser res nullius. 

Otro fundamento, al ser refutado el primero de ellos, es la conquista del territorio ocupado por los españoles originariamente y luego por Argentina, es decir que cuando en el año 1833 los británicos toman nuevamente posesión de la isla estarían sometiendo y conquistando a la población y territorio malvinense (población argentina). El acto de fuerza no pudo ser legitimado porque faltaba el reconocimiento necesario por parte de los afectados por el mismo. Si bien Gran Bretaña ocupa el territorio desde el año indicado, no se puede considerar que lo haga en forma pacífica, pues se evidencia claramente en los hechos que los británicos expulsan el gobierno legítimo argentino de las islas Malvinas. Actualmente, Gran Bretaña basa su mejor titularidad en que las islas tienen la capacidad suficiente para dirigirse y auto determinarse por sí sola; de esta manera debería independizarse del sometimiento como colonia inglesa o de la nación argentina y configurarse en un nuevo Estado.

Aunque estos supuestos se refutan por dos cuestiones:

• Gran Bretaña incluyó en el año 1946 a las islas Malvinas dentro de los territorios no autónomos a los efectos de transmitir a título informativo, datos sobre las condiciones económicas, sociales y educativas en el territorio.
• Este derecho de auto determinarse, no puede ser invocado por quienes serían los representantes del poder colonial (Gran Bretaña), sino que debe serlo por los habitantes de la isla.

Gran Bretaña en ningún momento adquirió el territorio por alguno de los modos que el Derecho Internacional manifiesta como procedentes, por ende, no posee título sobre la isla.  El formato para incluir las islas Malvinas como proceso de descolonización por parte de los británicos, se basó en la Resolución 1514 (XV) aprobada en 1960, ésta hace referencia a la diversidad de aplicación del principio de libre determinación de los pueblos, tales como: el nacimiento de un Estado independiente y soberano; libre asociación con un Estado independiente; o integración con un Estado independiente.                                                           

Gran Bretaña, apostó a tal Resolución para solucionar el conflicto, a la libre expresión del deseo de la población afectada. Por tal iniciativa británica, fundada en el proceso de descolonización, la Argentina produce en el año 1964 ante el Comité de Descolonización, un documento (denominado Alegato Ruda, al cual se hizo referencia anteriormente) estipulando una problemática de soberanía que desafecta la aplicación del principio rector, es decir, la autodeterminación de los pueblos32, teniendo en cuenta el respeto al principio de soberanía e integridad territorial de los Estados contenido en la Resolución 1514 (XV). 

Sin embargo, aprobada la Resolución 2065 por la ONU, el derecho de los pobladores de las islas a la autodeterminación quedó descartado. El Reino Unido no tenía ni derecho ni obligación de consultar los deseos de esa población, por lo que el principio de la “integridad territorial” triunfaba sobre el derecho a la “autodeterminación”. Merced a esta Resolución, el gobierno de Londres concordó por primera vez a negociar con el gobierno argentino. Si bien existieron avances, el último gobierno de facto (1976-1983) en la Argentina declinó toda la labor en relaciones exteriores iniciada tres décadas atrás, luego del conflicto bélico entre ambas naciones en el año 1982.  

Algunas estrategias empleadas por el Estado británico es que, en la actualidad, las islas Malvinas, Georgias y las Sándwich del Sur forman parte de los denominados “Territorios Británicos en el Extranjero”, y se rigen por la Ley homónima sancionada en el Parlamento Británico en el año 2002, las que comprenden catorce territorios entre islas, archipiélagos y suelo continental (Antártida). De estos territorios, al menos seis están en disputa por cuestiones de soberanía. Además, la incorporación en un anexo de la Constitución Europea[14] a las islas Malvinas como “Territorio de Ultramar” de la Unión Europea (UE), así como a los archipiélagos de las islas Sándwich de Sur y Georgias del Sur, y el denominado “Territorio Antártico Británico”. Cualquier persona que sea ciudadano de un territorio de ultramar británico, se adjudica la ciudadanía. Por lo que por el solo hecho de haber nacido en las islas, se es ciudadano británico. Ante esto, y la autodeterminación de los pueblos, el Primer Ministro David Cameron manifestó en el año 2013: “los malvinenses no podrían haber sido más claros. Quieren seguir siendo británicos y ese punto de vista debería ser respetado por todo el mundo, incluida la Argentina” (La Gaceta, 2013).

Malvinas, una visión geográfica: el concepto de acumulación por desposesión

Para el análisis del presente ensayo y la inminente actualidad, se hace referencia a un concepto de especial trascendencia en la geopolítica mundial actual. Más allá de las diversas concepciones epistemológicas provenientes del concepto de territorio en la geografía, la que compete en la investigación es la sustentada por uno de los geógrafos críticos por excelencia: David Harvey[15]. 

El concepto “acumulación mediante desposesión” enmarcado en el “nuevo imperialismo” incluye:

“Estos incluyen la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad, común, colectiva, estatal, etc., en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales; la monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente de la tierra; el tráfico de esclavos ; y la usura, la deuda pública y, finalmente, el sistema de crédito.” (Harvey, 2004:113).

Por tanto, las formas que establece la acumulación capitalista en el actual sistema, vuelve a poseer un papel predominante basándose en los contextos de crisis de sobreacumulación que imperan en nuestros días. Además, el autor agrega: 

“Tanto Lenin como Rosa Luxemburgo, por razones muy distintas, y utilizando también diferentes argumentos, consideraban que el imperialismo, una forma determinada de producción de espacio, era la respuesta al enigma, aunque ambos planteaban que esta solución estaba acotada por sus propias contradicciones. En los `70 traté de abordar el problema mediante el análisis de los “ajustes espacio-temporales” y de su rol en las contradicciones internas de la acumulación de capital. Este argumento sólo tiene sentido en relación a la tendencia del capitalismo a producir  crisis de sobreacumulación, la cual puede entenderse teóricamente mediante la noción de caída de la tasa de ganancia de Marx […] el viraje reciente hacia un imperialismo abierto respaldado por la fuerza militar norteamericana puede entenderse como un signo de debilitamiento de su hegemonía frente a las serias amenazas de recesión y devaluación generalizada en el país […] la incapacidad de acumular a través de la reproducción ampliada sobre una base sustentable ha sido acompañada por crecientes intentos de acumular mediante la desposesión. Esta, según mi conclusión, es la marca de lo que algunos llaman «el nuevo imperialismo»” (Harvey, 2004:99-100).

Parece significativo reexaminar éste concepto a la luz de los acontecimientos actuales con respecto al anacronismo colonial británico sobre las islas Malvinas. En una de sus conclusiones en el marco de las contradicciones del reajuste espacio temporal, Harvey aporta lo siguiente: 

“…el capital, en su proceso de expansión geográfica y desplazamiento temporal que resuelve las crisis de sobreacumulación a la que es proclive, crea necesariamente un paisaje físico a su propia imagen y semejanza en un momento, para destruirlo luego. Esta es la historia de la destrucción creativa (con todas sus consecuencias sociales y ambientales negativas) inscripta en la evolución del paisaje físico y social del capitalismo.” (Harvey, 2004:103).

Es así que resulta una real correlación entre “acumulación por desposesión” instaurada por el gobierno británico y en nuestro territorio. Como establecía Marx hace un siglo: la violencia se constituye ella misma en una potencia económica, en una necesidad propia del proceso de acumulación capitalista en curso. Con esto, se quiere reforzar en una de las ideas de Harvey en la que, si el poder de mercado no es suficiente para alcanzar determinados objetivos, está disponible el inigualable poder militar abierto o encubierto (considerándose abierto a la base de la Organización del Tratado del Atlántico Norte “en adelante OTAN” en las islas). Aún más, ello supone reconocer las profundas heterogeneidades y complejidades que presentan las variables económicas-sociales concretas en su interior. La presencia de cuencas off-shore[16] cercanas a las islas Malvinas, acentuó y profundizó aún más la exploración y explotación ilegal por parte del gobierno de Gran Bretaña, resaltando aún más las lógicas de acumulación capitalistas actuales por parte del imperialismo[17]. Lo que resulta interesante de temas como el imperialismo y el capitalismo, es que retrotrae, según David Harvey, a las relaciones entre la búsqueda de ajustes espacio-temporales, los poderes estatales, la acumulación por desposesión y las formas de imperialismo contemporáneo. Cuando se observa el imperialismo, al mismo tiempo se está visualizando una serie de relaciones estratégicas que cambian por la situación geopolítica, que a su vez se encuentra en constante modificación. Varios países desarrollados han estado cada vez más sujetos de apropiarse de los recursos naturales, energéticos, tierra, etc. de los países de menor desarrollo a través de mecanismos como la propiedad absoluta o el arrendamiento de los recursos a fin de monopolizar su explotación, lo cual siempre significa que un poder externo probablemente esté actuando en alianza con fuerzas internas para ese efecto. Por lo tanto, en estos momentos, una de las cuestiones que más atención requiere es la manera en que el imperialismo actual está trabajando con élites locales aliadas a fuerzas externas, muchas de las cuales cuentan con la tecnología necesaria para la explotación de los recursos.

Se distingue el modelo de colonialismo originario, del actual “nuevo imperialismo”, pero sigue siendo una relación de explotación en la cual una población local es esencialmente privada del acceso a esos recursos que han sido capturados por el capital multinacional, u otras fuerzas externas de este tipo, aliadas a élites internas. 

                                                        

En una entrevista[18], el autor plantea la visión que se sustenta en el concepto de territorio en el trabajo, mediante la apropiación de los recursos naturales: 

“…la explotación de los recursos naturales tiene dos dimensiones: la primera consiste en simplemente tomar el recurso sin remunerar a los que lo tienen, y la otra consiste en que una vez que se tiene el control sobre un recurso natural, se especula con él para extraer una renta. Lo que se observa es un gran incremento en los precios del petróleo, por ejemplo, y todos piensan que es porque se nos acaban las reservas de combustible, pero lo que ocurre en realidad es que los especuladores están guardando el petróleo y manipulando los precios. Por lo tanto, el obtener control sobre un recurso y monopolizarlo se convierte en una forma de extraer altas rentas […] al hacernos pagar mucho más por el petróleo que lo que les costó sacarlo del subsuelo, las petroleras obtienen grandes riquezas de nosotros, y esto lo pueden hacer porque tienen el monopolio. Entonces, primero hay una lucha sobre la cuestión de la extracción y las condiciones de dicha extracción […]. Pero también hay una segunda lucha que es prevenir la monopolización del recurso y la extracción de rentas del monopolio sobre este recurso, lo cual se convierte en una forma de extraer riqueza de todos los que usen ese recurso. Por lo tanto, hay dos tipos de lucha, y son bastante distintas.” (Harvey, 2011).

Sobre ésta cuestión, el militarismo de la OTAN propone (luego del año 2001) ser la única respuesta al terrorismo global (incluyendo los ataques preventivos), pero a su vez está siendo gradualmente reconocido como una mascarada para tratar de sostener una hegemonía amenazada dentro del sistema.

Los recursos naturales en disputa y el apoyo latinoamericano

La disputa global por los recursos naturales es uno de los elementos más relevantes de la dinámica del capitalismo contemporáneo y de su lógica de acumulación. América del Sur es un espacio importante dentro de esta afirmación, por la dimensión de las reservas de recursos estratégicos que posee y por su condición histórica de ser una región exportadora de materias primas. El alto grado de vulnerabilidad y dependencia de importaciones que los Estados Unidos tiene en relación a un gran número de minerales que América Latina produce, y la creciente demanda china de estos recursos, muestran que la región goza de enormes condiciones de negociación y una oportunidad histórica para asumir soberanamente la gestión económica y científica de los recursos minerales que posee. Como bien establece Bruckmann (2011:1), “por la envergadura de estos objetivos y por la dimensión de los intereses en disputa, éste proyecto solo podrá avanzar si es asumido como una estrategia regional”

                                                         

No cabe duda que, frente a lo que dimensiona la autora:

“...los países con medios militares más limitados recurrieron a alianzas para garantizarse una defensa creíble frente a las amenazas de las grandes potencias mundiales […] no obstante, el desarrollo y la utilización del arma nuclear […] pusieron de manifiesto la emergencia de un nuevo sistema político-estratégico: sistema de disuasión nuclear (Calduch Cervera, 2009: 26). 

Aunque, la fuerza militar sigue constituyendo una ventaja (tanto competitiva como comparativamente) en el mundo moderno, es cada vez más a la sombra del poder basado en la abundancia de recursos energéticos.  A escala mundial, los Estados Unidos posee la supremacía del suministro y abastecimiento de petróleo desde la Doctrina Carter[19], Doctrina Bush (hijo)[20], e incluso proseguidas por Obama (2009 a la actualidad). Ahora, ¿Cómo es que la energía ha llegado a desempeñar un papel tan crucial en los asuntos mundiales? Ante éste cuestionamiento, como establece Klare: 

“…los productos derivados del petróleo son totalmente esenciales para mantener las coyunturas internacionales de la globalización: los aviones, trenes, camiones y barcos que transportan suministros y personas de una región del mundo a otra […]. Para las grandes potencias, la necesidad de los productos derivados del petróleo se multiplica con cada nuevo avance que se produce en la tecnología armamentista.” (Klare, 2004:25). 

Toda potencia con una alta necesidad de obtener energía contribuye a la intensidad de esta lucha. Cada vez más son las evidencias que sugieren que la era de los hidrocarburos convencionales está en un fuerte declive: 

“…los expertos sugieren que cada nuevo barril que se añada a las reservas mundiales será más difícil y costoso de extraer que el anterior; estará a más profundidad en el subsuelo, más alejado de la costa, en entornos más peligrosos o en regiones del mundo más propensas al conflicto, más hostiles.” (Klare, 2004:27).

El nuevo orden energético mundial, divide en naciones con exceso de energía, y en naciones con déficit. Los países industrializados como Estados Unidos, o el bloque de la UE, constituyen hoy parte del segundo grupo, con consecuencias económicas evidentes. El “oro negro” hace que se vean forzados a pagar precios cada vez más altos por combustibles importados, mientras compiten entre sí: 

“…los líderes nacionales de las potencias parecen motivados no sólo por sus cálculos pragmáticos sobre los recursos energéticos mundiales, sino también por lo que sólo puede calificarse como cierto grado de histeria al evaluar la sostenibilidad futura de las reservas, junto con un miedo desmedido a la posibilidad de perder terreno frente a las tácticas más agresivas de sus rivales […] desencadenando en una lucha brutal por los recursos energéticos existente.” (Klare, 2004: 45).

En lo que respecta a nuestra región, la geopolítica latinoamericana: 

“…en asuntos de seguridad, las relaciones de América Latina con Estados Unidos se verán marcadas por nuevas situaciones en un escenario mundial cambiante y complejo. Factores como la globalización y su influencia en la esfera de poder estadounidense, la guerra contra el terrorismo generada después del 11 de septiembre y los temas clásicos de la agenda de seguridad de Washington, como drogas, crimen organizado, migración y gobiernos antiamericanos, Estados fallidos, y energía, definirán unas relaciones hemisféricas trazadas durante el gobierno de George W. Bush hijo (2001-2009). La estabilidad en América Latina se traduce en la seguridad del Norte y no descabellado afirmar que Estados Unidos intervendría también en Sudamérica si un desafío pareciera cambiar el balance de poder favorable en el Hemisferio Occidental.” (Cadena Montenegro, 2009: 15).  

Los escenarios cambian, las estrategias de los Estados también, tanto en sus políticas de alianzas en defensa, como en la conformación de bloques como Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) efectivamente, Cadena Montenegro analiza: 

“…el incremento de gastos en defensa en América Latina (47% entre 2003 y 2007) está enmarcado dentro de una tendencia global (aumento de 45% en los últimos diez años). La situación de la región frente a los gastos mundiales es, sin embargo, marginal (4%) y ante la fuerte concentración de este gasto en Sudamérica, el fenómeno de la elevada adquisición de armamento se presenta como una problemática subregional. La dimensión política del gasto militar responde a las particularidades de los países en cuestión. Por un lado, los objetivos y cambios en la política exterior y de defensa venezolana (temor a una invasión de EE.UU.) implican gastos en armamento, al igual que la adquisición de armamento contra insurgente en Ecuador y Colombia reviste una concreta preocupación por la situación fronteriza. Actualmente, Colombia tiene uno de los ejércitos más numeroso y mejor dotado de Latinoamérica. Por otro lado, el posicionamiento estratégico y la necesidad de elevar el perfil internacional de países como Brasil y Chile hacen de la participación en la industria bélica un factor cada vez más valorado.” (Cadena Montenegro, 2009: 15). 

Es de especial atención por tanto la “capacidad de los gobiernos del Cono Sur para construir alianzas que le permitan defender sus bienes naturales frente a la penetración de empresas transnacionales apoyada por Estados imperialistas en la fase capitalista caracterizada por un proceso de «acumulación por desposesión»” (Winer, 2013: 4).

Se coincide con Araya y Herrero (2015) que durante la década del noventa y hasta el año 2001, se estructuró una forma de vinculación internacional de los países de América Latina que respondió a la necesidad de garantizar recursos para el proyecto económico en curso: consolidar el proceso de apertura externa y las reformas pro-mercado, atraer capitales e inversiones extranjeras; lo que se tradujo en una estrecha relación subordinada con Estados Unidos, España y los organismos financieros internacionales en materia de política exterior, de la cual Argentina no estuvo exenta. 

En este contexto, es necesario ubicar a la nueva coyuntura regional que se desarrolla a principios del S. XXI, con el ascenso al poder de gobiernos progresistas y de izquierda, y el cuestionamiento al Consenso de Washington[21]. Estos procesos no han estado disociados de una reafirmación de la soberanía nacional en su concepción tradicional, a través de las diversas formas de nacionalismo y del rechazo a la intervención o a la influencia hegemónica de actores extra regionales. 

Esta situación y coincidiendo con Serbin, (2011) puede vincularse a dos tendencias diferenciadas: la construcción de un Estado más eficiente, regulador y protagónico y el rechazo pleno a las reformas de corte neoliberal siendo que ambas tendencias remiten a una reafirmación de la soberanía estatal. 

En efecto, Maira (2008:73-82) analiza que este escenario de autonomía se vio complementado por una creciente coincidencia de liderazgos políticos[22] y agendas domésticas con los países de América del Sur, que confluyeron en iniciar un nuevo ciclo en la integración regional: la construcción de proyectos alternativos al neoliberalismo en lo económico-social y lo político-jurídico institucional, con un claro correlato en sus estrategias de inserción internacional, reivindicando el rol del Estado en la construcción de sociedades más equitativas, y la búsqueda de posiciones de mayor independencia en el escenario internacional. 

En el inicio del siglo XXI se observa, entonces, un escenario propicio para el avance de la integración política, económica, social y cultural de los países de América Latina, que mejora las condiciones de inserción internacional de la región, consolida el desarrollo y afianza la paz y la estabilidad a través de la cooperación por sobre el conflicto (Rojas Aravena, 2012).

Efectivamente, en el plano económico, las implementaciones de más de una década de las recetas promulgadas por el Consenso de Washington expusieron las fisuras del modelo de desarrollo neoliberal en América Latina; comenzando a partir del año 2003, a gestarse un nuevo modelo de desarrollo acompañado por el crecimiento económico de la región[23]. 

                                                         

De esta manera, se da comienzo a la construcción de una nueva forma de integración latinoamericana, denominada “integración posneoliberal” o “regionalismo posneoliberal” concepto que alude a un conjunto de transformaciones en la región que van a generar una ruptura con el modelo neoliberal característico de la década previa.

Siguiendo esta línea de análisis, Sader (2008:25) considera que “América Latina es la única región del mundo que tiene un proyecto de integración relativamente autónomo respecto a los EEUU”. Es decir que, ante el surgimiento de problemáticas que aquejen a la región, las respuestas serán consensuadas principalmente entre los países de América Latina, enmarcando el surgimiento de la Cooperación Sur-Sur[24] (CSS) orientada por la solidaridad entre los países de la región latinoamericana y por la integración de los mismos a la economía mundial. Según Ayllón Pino (2010), en la actualidad, la CSS se considera como un instrumento eficaz para la creación de capacidades nacionales y para el fortalecimiento de una nueva arquitectura de la ayuda internacional y la cooperación estratégica.

Efectivamente, en estas condiciones, los países de América Latina comenzaron a privilegiar instancias multilaterales de discusión con el objetivo de instalar una visión regional de unidad y autonomía latinoamericana y expresar una ruptura con los esquemas de integración tradicional en cuanto a los principios, objetivos y formas de funcionamiento[25]. 

Por otro lado, también se observan transformaciones en los procesos de integración regional, incluso en aquellos iniciados en décadas anteriores como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el cual comenzó a mostrar interés por otras problemáticas de índole social, política y cultural que afectaban a la región del Cono Sur, como por ejemplo a través de la firma del Consenso de Buenos Aires en el año 2003, por parte de los presidentes de la República Argentina y de la República Federativa del Brasil. En este documento, se plantea la necesidad de consolidar las democracias políticas de la región:

“…asumiendo la responsabilidad histórica que nos concierne en relación con el combate a la pobreza y la desigualdad, el desempleo, el hambre, el analfabetismo y la enfermedad, que configuran una pérdida efectiva de autonomía y dignidad de las personas, obstaculizando gravemente el ejercicio pleno de la ciudadanía.” (Consenso de Buenos Aires, 2003). 

En dicho documento se incluye también la activa participación de la sociedad civil y la instrumentación de políticas públicas que apunten al crecimiento y la distribución equitativa de sus beneficios.  Bajo el actual contexto, el Estado argentino instaura una nueva política exterior: 

“No obstante, el Gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en ocasión y excusa de conmemorarse en 2012 los 30 años del conflicto bélico, inteligentemente ha planteado una nueva estrategia diplomática y comunicacional, que no sólo ha logrado recuperar el tema del olvido en el plano interno (más allá de que representa una cuestión muy cara a la identidad nacional de los argentinos), sino que, sobre todo, ha logrado colocarlo en la agenda internacional obligando a Gran Bretaña a manifestarse al respecto, poniendo en evidencia su posición realista de fuerza, reñida claramente con el derecho internacional y los mandatos de las organizaciones internacionales, y dejando al descubierto no sólo a todos los actores del juego, sino también sus reales intenciones. Esta estrategia se basa en amplificar el reclamo de negociación en las organizaciones internacionales de América Latina y Sudamérica en particular donde recibe el apoyo de todos los países de la región, redoblando a partir de allí la apuesta en Naciones Unidas en general, fundamentalmente en el Comité de Descolonización que todos los años insta a las partes a negociar.” (Liendo, 2012:24).

Por tanto, en concordancia al tema de soberanía de Malvinas[26], el 25 de junio del año 1996, los países miembros del MERCOSUR, Bolivia y Chile manifestaron, en la Declaración de Potrero de los Funes, su expreso apoyo a los legítimos derechos argentinos en la disputa de soberanía referida a la “Cuestión Malvinas”, brindando un claro mensaje del bloque subregional sobre la necesidad de lograr una solución a la controversia. Este apoyo continúa manifestándose a través de los Comunicados Conjuntos de los Presidentes de los Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados, emitidos semestralmente en ocasión de las reuniones del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR. Por otro lado, desde el año 2005 reiteran, que la pretensión de considerar las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur como países y territorios a los cuales puedan aplicarse la Cuarta Parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y las Decisiones de Asociación de Ultramar[27] que la implementan, resulta incompatible con la existencia de una disputa de soberanía sobre tales archipiélagos.

Asimismo, los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, han manifestado su rechazo a la exploración de recursos naturales no renovables en la plataforma continental argentina que está desarrollando el Reino Unido y han asumido compromisos concretos para no facilitar las actividades de naves que tengan por fin apoyar de manera directa las actividades hidrocarburíferas que afecten los derechos de la República Argentina e impedir el ingreso a sus puertos de embarcaciones que enarbolen la bandera ilegal de las islas. Asimismo, en reiteradas oportunidades han expresado su repudio a los ejercicios militares británicos en las islas Malvinas.

Este reclamo se materializó en la Trigésima Novena Reunión del Consejo del MERCOSUR, en la ciudad de San Juan, República Argentina, el día 3 de agosto del año 2010, donde se emitió un nuevo Comunicado Conjunto y se hizo una Declaración Especial rechazando la exploración de recursos naturales no renovables en la plataforma continental argentina. Además, reafirmaron en el marco de los acuerdos internacionales su compromiso de informar al gobierno argentino sobre los buques o artefactos navales con rutas que incluyan a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur con cargas destinadas a actividades hidrocarburíferas o mineras en la plataforma continental argentina. 

Por otra parte, en la Cumbre del MERCOSUR, celebrada en Brasilia en diciembre del año 2012, los Presidentes de los Estados Parte y Estados Asociados, se pronunciaron sobre el referéndum que celebrado en las islas Malvinas (2013), manifestando que éste en nada altera la esencia de la “Cuestión Malvinas” y que su resultado no pone fin a la disputa de soberanía, y destacaron que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 1985, rechazó por amplia mayoría la incorporación del principio de libre determinación[28] a la resolución relativa a la “Cuestión Malvinas”.

Siguiendo la línea de análisis y en relación al cambio de paradigma y al apoyo regional, a través de la UNASUR[29], se apuesta por una integración regional que fortalezca el multilateralismo y “la vigencia del derecho en las relaciones internacionales para lograr un mundo multipolar, equilibrado y justo en el que prime la igualdad soberana de los Estados y una cultura de paz”. Asimismo, en el artículo 3 del Estatuto del Consejo de Defensa Suramericano se expresa como objetivo general cimentar “el respeto de manera irrestricta a la soberanía, integridad y territorial de los Estados, la no intervención en sus asuntos internos y la autodeterminación de los pueblos” y en los subsiguientes apartados “promueve la paz y la solución pacífica de controversias y fortalece el diálogo y el consenso en materia de defensa mediante el fomento de medidas de confianza y transparencia.” (UNASUR, 2008). 

En este sentido, las Cumbres presidenciales de la UNASUR, emiten desde el año 2009, comunicados que reiteran su respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte referida a la “Cuestión Malvinas”, y recuerdan el permanente interés regional en que los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa, de conformidad con las resoluciones y declaraciones pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Destacan, la permanente actitud constructiva y disposición del gobierno argentino para alcanzar una solución definitiva a esta anacrónica situación colonial en suelo americano. Expresan, además, que la inclusión de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur en el régimen de Asociación de los Países y Territorios de Ultramar de la Unión Europea resulta incompatible con los legítimos derechos de la República Argentina y con la existencia de una disputa de soberanía sobre dichos archipiélagos.

La UNASUR también ha manifestado su rechazo a las actividades unilaterales que viene desarrollando el Reino Unido en la zona en disputa y que incluyen la exploración de recursos naturales no renovables de la plataforma continental argentina y la realización de ejercicios militares.

Asimismo, los países miembros de UNASUR se comprometieron a adoptar, de conformidad con el Derecho Internacional y sus respectivas legislaciones internas, todas las medidas susceptibles de ser reglamentadas para impedir el ingreso a sus puertos de los buques que enarbolen la bandera ilegal de las islas Malvinas, así como a informar al gobierno argentino sobre aquellos buques o artefactos navales con derroteros que incluyan las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur con cargas destinadas a las actividades hidrocarburíferas y/o mineras ilegales en la plataforma continental argentina y de este modo, prevenir o evitar que dichas actividades se consoliden.

Conjuntamente, los Jefes de Estado y de gobierno de los países miembros de la UNASUR dirigieron una nota al Secretario General de la Asamblea General en la cual le solicitan que renueve sus esfuerzos en el cumplimiento de la misión de buenos oficios que le fuera encomendada por la Asamblea General a través de sucesivas resoluciones a fin de que se reanuden las negociaciones tendientes a encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica a la referida disputa.

En el contexto de acercamiento regional, también se puede destacar la creación en el año 2010 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Este proyecto político amplía el proceso de integración de la región con el objetivo de fortalecer la posición de América Latina y el Caribe como un actor político global y proyectar la identidad regional en su conjunto. Se propone fomentar el sentido de cooperación y solidaridad intralatinoamericana y caribeña y reafirmar la soberanía regional frente a actores externos a través de una búsqueda de soluciones endógenas a las problemáticas de la región. La importancia de este organismo es que las temáticas tratadas no se circunscriben meramente a lo económico, sino que también apuestan a la profundización de la integración en aspectos políticos, sociales y culturales, a través de la concertación de los gobiernos en busca de soluciones propias:  

“…para promover la paz; para la defensa, fortalecimiento y consolidación de nuestras instituciones democráticas; para el impulso al diálogo político con otros Estados y grupos de Estados; y para el fortalecimiento del multilateralismo y de la democratización en la adopción de las decisiones internacionales.” (CELAC, 2010). 

En este contexto, las Jefas y los Jefes de Estado y de gobierno de los Estados miembro de la CELAC, reiteraron su respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la cuestión de las islas Malvinas y el permanente interés en que los gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a dicha disputa, de conformidad con los pronunciamientos pertinentes de la ONU y de la OEA[30], destacando la permanente actitud constructiva y disposición del gobierno argentino.

Asimismo, insistieron en la importancia de que las partes se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación, mientras las islas estén atravesando por el proceso recomendado por la Asamblea General.

Por otra parte, instruyeron a la Presidencia Pro Tempore a realizar una gestión ante el Señor Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Ban Kimoon, para solicitarle que renueve sus esfuerzos en el cumplimiento de la misión de buenos oficios que le fuera encomendada por la Asamblea General.

Otro organismo de la nueva escena internacional y con un gran apoyo a la cuestión argentina en Malvinas es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América o Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). La misma surge en el año 2004 como propuesta de Venezuela y Cuba[31] en contrapartida al proyecto de liberalización comercial liderado por los Estados Unidos. Con el transcurrir de los años, la propuesta del ALBA se proyecta a América Latina y el Caribe presentándose como una iniciativa de integración “basada en la cooperación, la solidaridad y la voluntad común de avanzar hacia niveles más altos de desarrollo” (ALBA, 2004). Un aspecto a destacar, (que se observa como característica del nuevo paradigma de integración), es la generación de una visión retrospectiva que retoma de manera contundente el pensamiento de próceres como José Martí, Simón Bolívar, Sucre, O´Higgins y San Martín, que planearon construir una “Patria Grande en la América Latina” (ALBA, 2004), como alternativa y resistencia a la hegemonía económica, social y cultural de las potencias imperiales. 

El 4 de febrero de año 2012, los Jefes de Estado y de gobierno del ALBA, reunidos en Caracas, (Venezuela) adoptaron un Comunicado Especial sobre la Cuestión de las islas Malvinas, en el que reiteraron su respaldo a los derechos de soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes; llamaron a encontrar una solución pacífica y definitiva a la controversia, destacando la permanente actitud constructiva y disposición del gobierno argentino, e instaron a las partes de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas estén atravesando por el proceso de negociación. Asimismo, apoyaron la decisión de los países de la región de impedir en sus puertos el ingreso de naves con la bandera colonial impuesta sobre Malvinas.

Posteriormente, el 10 de marzo del año 2013 los países del ALBA emitieron un comunicado especial expresando su firme rechazo a la votación que el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte realizó entre los habitantes británicos de las islas Malvinas sobre el estatus político de las islas, “desconociendo el derecho histórico que asiste a la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y los Espacios Marítimos Circundantes”.

Conjuntamente, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) adoptó por primera vez el 18 de octubre del año 2004 en Montevideo, (Uruguay), una Declaración por la que respalda los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía referida como “Cuestión Malvinas” y ratifica el:

“…interés regional en que la prolongada disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur alcance a la mayor brevedad posible una solución de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.” (ALADI, 2004).

En la Declaración del año 2008, además de reiterar su respaldo a los derechos de soberanía argentinos, el Consejo destacó que la adopción de medidas unilaterales no resulta compatible con lo resuelto por las Naciones Unidas. Por otra parte, en relación con el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, expresó que la inclusión de las islas Malvinas en el régimen de "Asociación de los Países y Territorios de Ultramar" resulta incompatible con los legítimos derechos de la República Argentina y con la existencia de una disputa de soberanía sobre dichos archipiélagos.

La defensa del orden democrático, los derechos humanos y la soberanía nacional son tres de los pilares transversales a los nuevos mecanismos de integración de la región. Es por ello que, MERCOSUR, UNASUR, CELAC, ALBA, ALADI y un importante conjunto de organizaciones internacionales[32] citadas anteriormente, han actuado activamente en defensa y protección de la estabilidad regional. Los diversos organismos han demostrado el privilegio de las instancias multilaterales de integración que disputan la hegemonía neoliberal y nuclean el desafío de la unión de los países de la región latinoamericana y caribeña.

Frente al planteo abordado, se considera que: 

“…el análisis respecto de las medidas gubernamentales argentinas, promovidas por movimientos sociales y organismos de derechos humanos, para recuperar las islas ocupadas nos brinda la oportunidad para reflexionar sobre la búsqueda de descolonización desde el ámbito estatal en contextos signados por nuevos proyectos de integración regional, los cuales progresivamente van construyendo consensos en torno de la reconfiguración y la defensa colectiva de la soberanía político-territorial al tiempo que re-significan una identidad propiamente latinoamericana frente a un escenario de crisis mundial.” (Winer, 2013:4).

Apropiación del recurso natural no renovable: petróleo

Entre los años 1975-1976 un conjunto de misiones británicas ratificaba importantes niveles de riqueza petrolífera y mineralógica en las islas. Una de las primeras exploraciones fue realizada por la multinacional angloneerlandesa Shell. Fue el mismo ingeniero que dirigió la misión, quien en el año 1996 creó la operadora Desire Petroleum[33], la cual obtuvo las primeras licencias otorgadas por los kelpers y se vinculó a las explotaciones off-shore malvinenses. Ante esto, “los resultados preliminares indican cantidades comercialmente viables de hidrocarburos. Con confirmación del prospecto Sea Lion al norte de las islas […] el Reino Unido se estaría ahorrando cuatro años de importaciones de crudo por unos 25673 millones de dólares” (Bernal, 2011:47) En una proyección a futuro, el Reino Unido podría convertirse nuevamente en exportador neto de crudo, beneficio no sólo económico, sino y fundamentalmente geopolítico, al colocarse al ambicionado nivel de Dinamarca, el único país de la UE que no importa petróleo para satisfacer sus necesidades domésticas. Alemania y Francia son dos de las potencias que poseen un alto grado de importaciones de crudo y derivados, mientras que Reino Unido se encuentra en las filas de uno a dos millones de barriles por día. Pero a ello, se debe sumar la declinación de las reservas petrolíferas en la cuenca del Mar del Norte a partir del año 1999[34], y el “pico de Hubbert”, o pico de producción de petróleo, que sería superado entre los años 2015 y 2025. Este agotamiento no podrá ser detenido ni siquiera aumentando el precio de los mismos (Le Monde Diplomatique, 2009: 9).

Los periódicos británicos anuncian ésta situación. Por ejemplo, The Guardian, en agosto de 2012, manifestó que:

“…los ingresos fiscales al Tesoro Británico caen, así como la producción en un 18%, con una caída de 2,3 millones de libras en ingresos fiscales, y compara un total de 1,04 millones de barriles al día se bombeó en el año hasta marzo de 2012, frente a un máximo de 2,7 millones en 1999, y el más bajo desde 1970 […] torres de envejecimiento que tienen mayores costos de producción que sus rivales modernos y sufren desempleo como consecuencia de ello.” (The Guardian, 2012). 

De acuerdo a un estudio realizado por el Foro Económico Internacional de Energías, Instituto de Energías Renovables en Muenster, Alemania (2011), “la cantidad de petróleo crudo perforado desde el Mar del Norte cayó a 124,7 millones de toneladas en 2011. Esta es una disminución del 12% desde 2010, y representa la menor cantidad extraída del mar del Norte desde 1982”[35]. Gran Bretaña se preocupa por el agotamiento de las reservas petrolíferas del Mar del Norte, pero elabora su estrategia alternativa de provisión con las islas Malvinas.  En éste escenario, y ante las políticas de seguridad energética[36] impuestas por el ex Presidente de los Estados Unidos George Bush (hijo) y del imperialismo, junto a los miembros que conforman la OTAN, la guerra por el petróleo se expande por todo el mundo, avasallando incluso con poder de coerción militar o resolviendo cuestiones de conflictos geopolíticos a través de la “disuasión nuclear”. En Argentina se debe convivir con una potencia extranjera que ocupa ilegítima e ilegalmente territorio argentino. La crisis energética, económica y financiera del soberbio y desesperado mundo “civilizado” está más presente que nunca. La seguridad nacional, económica y energética tanto argentina como del bloque UNASUR están gravemente amenazadas[37]. 

El recurso petróleo posee su fundamento geoestratégico, y es fiel reflejo a las etapas económicas de las islas. Como una de las características propias de los recursos naturales renovables o no renovables, poseen un valor económico en concordancia al período histórico. 

Durante el siglo XIX y hasta la resolución del conflicto bélico en el año 1982, la economía de estas islas estuvo vinculada a la explotación lanar, materia prima fundamental para la entonces ambiciosa industria textil inglesa. Desde su creación, la Falkland Islands Company[38](FIC) monopoliza esta actividad comercial. Sin embargo, años previos a la guerra, la caída de los precios internacionales de la lana, produjo que el producto bruto interno (PBI) de las islas cayera un 25% (Laver, 2001) Su economía padeció entonces una profunda recesión. Según Bernal, (de mantenerse la misma) la debacle económica y social de las islas hubiese terminado por entregárselas a la Argentina. 

Posteriormente, la producción lanar inició su declive, reconvirtiendo la economía de las islas al sector pesquero (aunque comenzó a generar rendimientos económicos prósperos en el año 1987 con la adopción de las 150 millas correspondientes a la ZEE de las islas)[39]. Una vez asegurada la pesca, la economía de las islas comenzó a diversificarse con la exploración de hidrocarburos a través de la atracción de inversiones extranjeras. Según Bernal:

“…la resolución del conflicto por medio de la guerra era indispensable. Haciendo uso de los primigenios fines por los cuales había sido creada, la FIC indujo al parlamento y a la Dama de Hierro a no ceder ante el agravio y el bochorno del país sudamericano.” (Bernal, 2011:54). 

Según datos de la página oficial en web, la FIC controla además el principal hotel de las islas, sendos restaurantes, bares, centros comerciales, concesionarios de autos, servicios portuarios de carga y mantenimiento, unas 150 has. y veinte pequeñas islas del archipiélago, entre otras propiedades. En un artículo publicado (Bernal, 2009: 2) demuestra que las reservas comprobadas de petróleo en las islas equivalen a unos 271.950 millones de dólares. 

Ante esto, la estrategia de modernización económica lleva implícito colocar a la población de las islas en la mesa de negociación con la Argentina, violando la Resolución 2065 de la ONU, pues los principales interesados en la explotación del recurso serían los propios kelpers. 

Efectivamente, esta cuestión se materializa de la página oficial de una de las empresas británicas (Rockhopper)[40] que operan en la zona, estableciendo las cuencas en la que existen ya exploraciones y explotaciones de petróleo crudo, las cuales totalizan un área de aproximadamente 400 mil km2, más de treinta veces el tamaño de las islas Gran Malvinas y Soledad juntas, casi dos veces la provincia de Córdoba y un 50% más grande que la propia cuenca del Mar del Norte. De ellas, “la menos costosa, por sus bajas profundidades y cercanía a las islas, y la de mayor potencial petrolero es la denominada Cuenca del Norte” (Bernal, 2011:59). Las cuencas al sur y al este si bien muy prometedoras, están a mayores profundidades y las áreas licitadas más próximas a las islas se ubican recién a 150 km de distancia. Según confirmó la Ministra de Minería de las islas Phill Rendellm, se ha creado un área de exclusión al sur de las islas donde se prohíbe cualquier tarea de perforación, ya que en esa zona se registraron hundimientos de barcos británicos que se presumen contienen material bélico nuclear.

El trazado de la ZEE de las islas por parte de los británicos es uno de los ítems conflictivos por la delimitación del territorio, que se solapa con el Mar Argentino, (incluso con la plataforma continental) delimitada en el año 1987. Con los datos de la fase de exploración que ya poseen los británicos (Shell, Amerada Hess, Lasmo, Lundin, el Servicio Geológico de Gran Bretaña y el Servicio Geológico de los Estados Unidos; compañías británicas, la australiana BHP Billition y la kelper Falkland Oil and Gas Limited), se aprestan a adentrarse en la última etapa de la fase, aquella que finalmente ratificará la potencialidad petrolera malvinense e inaugurará la tan preciada fase extractiva. 

Según cálculos de las mismas operadoras, el potencial petrolero en el offshore alrededor de las islas tendría un mínimo de 6.525 millones de barriles de petróleo. De comprobarse estas reservas probables, triplicaría las reservas certificadas de la Argentina a diciembre del año 2008 (Secretaría de Energía de la Nación, 2008).  Como bien establece Bernal: 

el inicio de esta última fase exploratoria tiene para la Argentina (y UNASUR) no solo implicancias geopolíticas (base militar de una potencia extranjera en territorio nacional) y políticas (enclave colonial del siglo XXI en actividad), sino y fundamentalmente económicas y energéticas (de certificarse estas reservas, el horizonte de vida de las reservas probadas en la Argentina pasarían de seis a siete años a unos veintisiete años; una parte del petróleo de la Cuenca del Norte equivaldría a ocho meses de extracción en la Argentina) La iniciativa británica perjudica de sobremanera la seguridad nacional, económica y energética del país (Bernal, 2011, 60-61). 

                                                         

La puja conflictiva del reclamo argentino, es que el lanzamiento de la actividad exploratoria debió contar con el beneplácito argentino, no como obligado requisito para su autorización, sino para dotar de seguridad jurídica a las potenciales petroleras interesadas en el área.  Sin embargo, la impronta del modelo neoliberal llevado a cabo en la década de los noventa[41], marcó no sólo “relaciones carnales” con los Estados Unidos sino, un acercamiento a Gran Bretaña en cuestiones diplomáticas, que a la larga, en nada beneficiaron al Estado Argentino. La “estrategia de seducción”[42] iniciada por el canciller Guido Di Tella (a partir del año 1992) fue el primer acercamiento de Argentina a Gran Bretaña por el que se manifestó luego la fórmula “paraguas de soberanía”[43]. En ese entonces, el gobierno argentino:

“..no sólo accedió a la totalidad de las demandas comerciales británicas e isleñas con el Acuerdo de Pesca de Calamar y el Acuerdo de Petróleo de 1995[44], sino que además enterró los logros diplomáticos de casi veinte años de trabajo argentino frente al Reino Unido y a los organismos internacionales. Cinco días después de la firma de los acuerdos petroleros, los kelpers licitaron diecinueve áreas y concedieron 12 contratos, presentándose cerca de medio centenar de compañías.” (Bernal, 2011:66-67). 

Sobre este Acuerdo en el año 2007, (a veinticinco años de la finalización de la Guerra de Malvinas), Néstor Kirchner decide finalizar la Declaración Conjunta sobre Cooperación en actividades petroleras en el Atlántico Sud Occidental firmada por el entonces Presidente Menem (1989-1999).

A partir del año 2001 las exploraciones arrojan resultados factibles y esperanzadores para el gobierno británico. En la actualidad, siete son las compañías petroleras que exploran (y explotarán a partir de 2019[45]) los hidrocarburos del suelo argentino en el archipiélago malvinense: “Desire Petroleum-Arcadia Petroleum, Argos Resources, Falkland Oil and Gas Limited, BHP Billiton Borders and Southern Petroleum y Rockhopper Exploration, compañías de origen británico, kelpers y australiano”[46]. Las islas Malvinas poseían (al año 2011) 12,95 billones de barriles de petróleo en cuanto a reservas probables[47]. 

Comparado con datos publicados por la Secretaría de Energía de la Nación (diciembre de 2007), la Argentina contaba con 2.042 millones de barriles de petróleo probados, volumen que alcanza a cubrir el consumo nacional durante ocho años (Bernal, 2009: 1). Es decir, que “si se comprueban las reservas probables en las islas Malvinas, superarían a las reservas comprobadas en Argentina en un 317%, y si estuvieran legítimamente en manos del Estado argentino, el actual horizonte de reservas pasaría de ocho a veintisiete años” (Bernal, 2011:68). 

Para demostrar aún más el potencial de éste recurso estratégico, y las intencionalidades del Estado británico en su ilegítima defensa de soberanía:

“…una vez que el crudo malvinense comience a fluir al exterior, el 99,9 % de la producción será exportada. De esta suerte, las islas Malvinas se transformarán no sólo en una de las principales potencias exportadoras de crudo de América, sino del mundo, con niveles similares a los Emiratos Árabes Unidos, Argelia y Arabia Saudita, todos miembros de la OPEP.” (Bernal, 2011: 69).   Además, el autor agrega una afirmación contundente:  

“...los kelpers están en vías de convertirse en una de las «poblaciones más ricas del planeta». Tenemos la ciudad más austral del mundo; en breve tendremos la Arabia más austral del mundo, aunque solo sea por una cuestión de vecindad geográfica.” (Bernal, 2011: 71). 

Desde el año 2003 en adelante, no hay ni “paraguas de soberanía” ni “estrategias de seducción”, sino todo lo contrario: enlazar al petróleo con la cuestión de soberanía, empleándolo como una herramienta que permita el reposicionamiento del tema tanto en la escala internacional, como en lo local y regional. Desde que se agota el petróleo en el mundo y en especial en los pozos petroleros del Mar del Norte, Gran Bretaña inició un desplazamiento hacia el sur utilizando, la fuerza militar y nuclear como herramientas de disuasión.

La geopolítica del siglo XXI se caracteriza por la lucha de los recursos naturales estratégicos, y es en ese marco desde donde se debe partir para comprender los conflictos. El alza de los mismos se intensificó el 2 de abril del año 2015, en concordancia con el trigésimo tercer aniversario de la Guerra de Malvinas. Ese día, tres compañías británicas anunciaron un nuevo descubrimiento de petróleo en una zona ubicada a 220 km al norte de Malvinas. Las compañías Rockhopper, Premier Oil y Falkland Oil & Gas se encuentran implicadas en ésta exploración, en el área denominada “Zebedee”.

Instantáneamente, y coincidente con el 2 de abril, los periódicos británicos “Daily Telegraph” y “The Guardian” hicieron eco de la noticia. Gran Bretaña, a pesar de los obstáculos que se le presentan en la actualidad en las islas: hostilidad del clima, bajo desarrollo del sector industrial, falta de infraestructura y de mano de obra limitada por la inmigración, y un mercado laboral casi a su máxima capacidad[48], apuesta y renueva las inversiones tratando de cooptar multinacionales que les sea redituable el negocio petrolero. Para ello incluso, en diciembre del año 2014 avanzó en la regulación de la explotación petrolera: 

“…para eso, la Asamblea Legislativa que gobierna las Islas reglamentó esta semana el llamado “Código de Prácticas para Contrataciones de las empresas de gas y petróleo y sus subcontratistas que operan en las Falklands”, una extensa guía con recomendaciones para la actividad de las multinacionales. Por el temor a ahuyentar las inversiones o recibir una avalancha de presentaciones judiciales, los nueve legisladores acordaron que por ahora el Código de Prácticas no sea una ley, sino tan sólo una sugerencia: aquellas compañías que no deseen acatarlo, podrán hacerlo sin ninguna consecuencia.” (Infobae, 2014). 

Frente a ésta disposición, y a la noticia del nuevo descubrimiento de yacimientos de petróleo en altamar, en abril del año 2015 el Secretario de Asuntos Relativos a Malvinas, Daniel Filmus, manifestó:

“Queremos que los dueños de las empresas sean juzgados de acuerdo a las leyes argentinas y el derecho internacional” (El Cronista, 2015).

Conforme a la reforma de la Ley 26659 del año 2011, se establece un castigo a todas aquellas empresas que realicen tareas sin permiso del gobierno argentino en la zona ubicada alrededor de las islas y prevé penas máximas de hasta quince años de prisión, multas al valor de 1,5 millones de barriles de petróleo, así como la prohibición de que personas y compañías operen en la Argentina. Sin embargo, Londres hace caso omiso a ésta cuestión y a los últimos reclamos, estableciendo que Argentina no posee jurisdicción para impedir la exploración y explotación de petróleo, ya que las leyes nacionales de la Argentina no se aplican en las islas. Por ello, como mecanismo de “disuasión” Gran Bretaña invierte cada año millones de dólares en materia de seguridad militar para apropiarse del recurso no renovable.  

Militarización en el Atlántico Sur

Con respecto a sus nuevas intencionalidades como aparato estatal, Argentina está decidida a impedir por la vía diplomática todo tipo de actividades unilaterales británicas en territorio nacional, sean éstas de naturaleza militar, como en materia de exploración y explotación de recursos pesqueros y energéticos. En materia de diplomacia trabajará a nivel internacional, regional y nacional denunciando la violación sistemática que el Reino Unido hace de las Resoluciones de las Naciones Unidas. La presencia militar (Fortaleza Malvinas)[49], la explotación pesquera y la exploración petrolera son todas las acciones unilaterales inadmisibles, ilegítimas e ilegales que crean un nuevo paradigma de seguridad militar y de presencia imperial británica en el Atlántico Sur. Cualquier país violatorio de lo estipulado por la ONU no debería recibir de la Comunidad Internacional más respuesta que un contundente rechazo, más aún en este caso donde ese país es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU[50]. 

La preocupación del gobierno argentino se ha acrecentado con las declaraciones y decisiones adoptadas por el gobierno británico de carácter netamente provocativo, cuyo corolario es la creación de una situación en el Atlántico Sur no deseada ni por la Argentina, ni por la región[51]. La introducción de armas nucleares en el Atlántico Sur es una contradicción al Tratado de Tlatelolco[52] 71del cual Gran Bretaña es parte, cuyo  fin es la desnuclearización militar de América Latina, habiendo todos los países sudamericanos renunciado a las armas de destrucción masiva. Gran Bretaña establece que la base militar es necesaria porque Argentina y su reivindicación de soberanía son una “amenaza”, encubriendo que desde el año 1983 todos los gobiernos democráticos de nuestro país han insistido siempre en la búsqueda de la restitución de las islas por vía pacífica y el diálogo. Como establece Luzzani: 

Hoy la Fortaleza Malvinas cuenta oficialmente con cerca de 1500 efectivos de los cuales 550 residen en forma permanente y los otros mil son parte de los contingentes rotativos que llegan a la base para ser sometidos a un duro entrenamiento de seis semanas a cuatro meses y luego son enviados a los frentes de batalla en Irak, Afganistán o cualquiera de las guerras en las que esté involucrada Gran Bretaña. (Luzzani, 2012:424).

En la presentación del gobierno argentino relativa a la militarización del Atlántico Sur por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante la ONU en febrero del año 2012, Argentina denuncia:   “..eso hace de los archipiélagos en disputa una pieza fundamental del esquema estratégico británico de naturaleza y alcance globales, donde se concentra un enorme poderío militar y el único nuclear de la región; pudiendo concluirse que la infundada defensa por el Reino Unido de la autodeterminación de los 2.500 isleños no es más que una excusa para el establecimiento de una poderosa base militar que sirva a sus intereses estratégicos en el Atlántico Sur con proyecciones a la Antártida, al Pacífico y al Índico.” (Página 12, 2012). 

Por lo tanto, es una base militar donde:

“…el funcionamiento y mantenimiento de la base demanda al Reino Unido alrededor de 150 millones de dólares anuales. Un costo no demasiado alto si se tiene en cuenta el declarado objetivo de “proveer seguridad en los territorios de ultramar en el Atlántico Sur” y un negocio redondo para la Corona, teniendo en cuenta las enormes ganancias que obtiene de la ilegal adjudicación de licencias de pesca y explotación de otros recursos naturales de la zona”.[53]

La Fortaleza recibe, el 7% del presupuesto de la OTAN (El Malvinense, 2009). Además, de los ciento cincuenta millones de dólares anuales, se cree que “es financiado a través de la adjudicación ilegal de licencias de pesca y explotación de otros recursos de la zona otorgados por la corona a empresas de capitales ingleses o estadounidenses” (Winer, 2013:7). Para el año 2015, el gobierno británico anunció que “invertirá 268 millones de dólares para reforzar la defensa de las islas ante una posible “amenaza” del país suramericano” (El Cronista, 2015). Para dimensionar el mismo: 

“…el gasto militar de Gran Bretaña en Malvinas hizo del archipiélago usurpado una de las zonas más militarizadas del mundo, medida en inversión por habitante […]. Prescott dijo que Gran Bretaña destina al gasto militar en Malvinas “65 millones de libras esterlinas cada año”, según datos oficiales de 2015 y que, “en total, como gasto acumulado desde 1982 a la fecha, invirtió más de 1.000 millones de libras esterlinas (1540 millones de dólares) en mantener a los 2000 isleños, esto es, aproximadamente 500000 libras (unos 770000 dólares por habitante”. (La Capital, 2015).

Sumado a los recursos naturales, no debe obviarse la ubicación geoestratégica, por el cual Gran Bretaña adquiere proyección de poder sobre la región circundante, especialmente en la Antártida, y controlar las rutas marítimas de transporte comercial entre el Atlántico y el Pacífico (La Capital, 2015)[54].

La escalada militar británica preocupa no sólo a la Argentina sino también a los países del área y fuera de ella. La Cumbre Iberoamericana en diciembre del año 2010 y en octubre del año 2011, y la UNASUR en octubre del año 2011, se adhirieron a la Argentina en el rechazo al despliegue militar británico en la zona. Sin embargo, el Reino Unido niega la presencia de una base de la OTAN en las islas: 

“Las afirmaciones de que las islas Falkland (Malvinas) son una “base militar nuclear de la OTAN en el Atlántico Sur” o de que representan una amenaza militar para la región son obviamente falsas: la presencia militar británica es de naturaleza puramente defensiva y el número de fuerzas británicas ha decrecido hasta el mínimo necesario para defender las islas”. (Infobae, 2014). 

Tal contradicción no se refleja en el informe realizado por académicos de la Universidad de Cambridge y Londres en el año 2009[55].

En marzo del año 2012, el bloque regional UNASUR se pronuncia acerca de las Malvinas, instando al Reino Unido a iniciar una mesa de diálogo con la Argentina por el tema de las islas Malvinas y prohíbe la entrada de toda embarcación llevando la bandera "ilegal" de las islas Malvinas. Un paso muy importante en la consolidación regional del continente sudamericano y la defensa de su soberanía, lo mismo que sus recursos naturales.  En ese sentido, es importante subrayar que, al estar en litigio tanto la militarización del Atlántico Sur por la presencia de la “Fortaleza Malvinas” como la soberanía de los recursos naturales argentinos, el bloque regional sudamericano UNASUR se unifica ante la presencia del anacronismo colonial británico. 

Cabe también recordar que la integración regional sudamericana transita una etapa de esplendor, y prueba de ello a nivel geopolítico es que ni siquiera la llamada telefónica en febrero del año 2012 del Primer Ministro británico, David Cameron (2010 a la actualidad) al ex Presidente de Chile Sebastián Piñera (2010-2014), logró el objetivo de dividir la posición del bloque regional sudamericano respecto al conflicto de la soberanía de las islas Malvinas y del Atlántico Sur. Situación totalmente impensada tan solo una década atrás. El eje en materia de defensa constituye sin dudas uno de los principales pilares del bloque regional UNASUR. Además, debe tenerse en cuenta que el                                                           continente sudamericano posee una gigantesca acumulación de recursos naturales: energía, petróleo, litio, cobre, gas, carbón, tres grandes cuencas hídricas, un gran pulmón vegetal, la mayor biodiversidad del mundo y un 27 % del agua dulce del planeta.

A éstos hechos, se le suma en febrero del año 2012 buques de la plataforma petrolera británica Leiv Eiriksson que invaden aguas de Tierra del Fuego, violando el límite denominado como ZEE argentina:

“la plataforma avanzó entre 8 y 10 millas náuticas más allá de lo permitido acercándose unas 190 millas a la Argentina, lo que abrió las especulaciones de que la compañía estaría realizando un tercer pozo” (Lozano y Domínguez Rotta, 2012: 4).

A la contradicción mencionada en párrafos anteriores frente a la publicación del documento “The Status and Location of the Military Installations of the Member States of the European Union and their Potential Role for the European Security and Defense Policy” realizado por dos de las universidades más prestigiosas de Gran Bretaña, despertó la preocupación alarmante respecto a los intereses argentinos, entendidos desde una perspectiva regional. El documento adjunta un mapa donde se pueden observar la ubicación de las bases y las zonas posibles de “proyección de poder”. Ante el ascenso de China, India y Corea del Sur en términos de potencial marítimo y aumento de despliegue de bases navales y la declinación europea, y el costo financiero creciente para el Reino Unido y Francia para sostener su despliegue de ultramar, la propuesta es compartir el financiamiento entre los Estados miembros, “europeizando” su utilización bajo la administración de un organismo creado en el marco de la Unión Europea. 

La militarización del Atlántico Sur por parte de Occidente (en este caso el Reino Unido) convierte la “Cuestión Malvinas” en un eje clave para estrategia de defensa continental sudamericana (UNASUR). Además, en una entrevista realizada en abril del año 2012 a Battagliano Jorge (Profesor de la Universidad Di Tella) establece: “a medida que el tamaño de los buques no permita el uso del canal de Panamá, el paso por el Atlántico Sur aumentará” (La Nación, 2012). Con ello, se potenciaría el llamado control del “triángulo estratégico” del Cono Sur (islas Malvinas, Tierra del Fuego, pasaje de Drake y costas antárticas). Las Malvinas cobraron relevancia como proyección de la OTAN fuera de sus límites[56]. 

La irrupción en Latinoamérica de gobiernos poco proclives a acatar los mandatos de Washington, el descubrimiento de gigantescas reservas petroleras, y los avances en los procesos de integración regional, reactivaron el armamento en los Estados Unidos. Tras años de desatención por las urgencias propias de las invasiones a Afganistán e Irak en el año 2003 (considerados países del eje de mal), la Casa Blanca resolvió reactivar la Cuarta Flota.

La sede central de esa flota se encuentra en la ciudad portuaria de Maryland. Aunque la flota no tenga completa su formación total, en esa ciudad por lo menos existen veintiún navíos estacionados y seis escuadrones de helicópteros de la marina americana, que patrullarán mares caribeños y sudamericanos. Según el Pentágono, la misión será la lucha contra el “narcotráfico y el terrorismo”. Sin embargo, países como Venezuela descreen de la versión estadounidense, y anticipan que realizarán las propias tareas de espionaje. El re lanzamiento de la Cuarta Flota, es una pieza más de la nueva estrategia regional pensada hasta el año 2016 y esbozada en un documento del año 2007.

El texto postula la necesidad de afianzar la supremacía de los Estados Unidos en Latinoamérica, la búsqueda de países que propicien la instalación de bases militares, entre otras. El mismo, se suma al Plan Colombia inaugurado por el ex Presidente Clinton (1993-2001).

Los Estados Unidos reconoce que América Latina vive una oleada progresista. Tras la oleada neoliberal que devastó el subcontinente, se ha presenciado diversas victorias de gobiernos progresistas en varios países de la región. A esta situación se suma el reciente descubrimiento de los mega campos petrolíferos en la costa brasileña, con más de 300 km. mar adentro y debajo de la plataforma continental, deduce que la mirada imperialista también se encuentra enfocada en éste espacio. Las reservas estimadas y deducidas de la cuenca de Santos, Campos y algunas otras zonas del noreste pueden colocar a Brasil en el mismo nivel que los países que integran la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de la industria del petróleo, pudiéndose situar entre las tres mayores del planeta. 

Con el proceso de reactivación, la mayoría de los presidentes sudamericanos presentaron sus quejas. El ex presidente brasileño Lula Da Silva (2003-2010) cuestionó la necesidad de la reactivación de la Cuarta Flota, relacionándolo inmediatamente con el descubrimiento de petróleo en la Cuenca de Santos, en Brasil. La repercusión de la puesta en marcha de la Cuarta Flota ha sido inmensa. No sólo el ex Presidente Da Silva la cuestionó, sino que también lo hizo en su momento Hugo Chávez (1999-2013) y Evo Morales (2006 a la actualidad), de Venezuela y Bolivia respectivamente, entre otros presidentes sudamericanos. Todos cuestionaron las intenciones de los Estados Unidos y dudaron de los propósitos “pacíficos” alegados por los estadounidenses[57]. 

Sin embargo, los propósitos son claramente intimidatorios, al igual que Gran Bretaña en Malvinas. Son señales que los Estados Unidos envían al territorio sudamericano, de que están atentos al desarrollo de los acontecimientos políticos del subcontinente. Una clara amenaza en el aire contra todos pueblos latinoamericanos. Vientos de cambio soslayan que el pueblo latinoamericano ha despertado ante la “Cuestión Malvinas”. Ya no implica una amenaza para un país, sino para Latinoamérica. Ante esto, como ya se ha dicho, un Imperio en su fase de decadencia cada vez se va volviendo más agresivo y más belicista. 

Conclusión

Abordar la “Cuestión Malvinas” desde una perspectiva de la complejidad, permite articular los diversos planos de la realidad social sistémica, compleja y multidimensionalmente. Es por ello que en el presente ensayo se analizaron las cuestiones de la Resolución 2065, la defensa de soberanía, el marco legal, el apoyo regional coincidente con el cambio político de principios del siglo XXI en gran parte de Latinoamérica, y la apropiación de recursos junto a su corolario militarización. 

Ante las lógicas de acumulación capitalistas y de desposesión de los recursos naturales (considerados geoestratégicos a nivel mundial) las relaciones diplomáticas entre la Argentina y Gran Bretaña irrumpen serias fricciones ante la negativa de éste último al diálogo, tal y como lo expresa la Resolución 2065 de la ONU, cumpliéndose en el año 2015 cincuenta años de la misma. Medio siglo de postergación y obstaculización británica a lo establecido por la comunidad internacional aquel 16 de diciembre de 1965; medio siglo de ilógica reproducción colonialista a la vera del siglo XXI.  

La Resolución 2065 constituye el reconocimiento más importante de las Naciones Unidas por los legítimos derechos que la Argentina mantiene sobre las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. En ella se encuentra materializada la falta de legitimidad de la población británica de las islas para ejercer tal derecho, en razón de que no pueden considerarse como pueblo, ya que otorgarles ese reconocimiento implicaría afectar la integridad territorial de un Estado soberano. Por ende, y bajo la perspectiva de la complejidad, la disputa por la soberanía de las islas Malvinas, se ha intensificado a partir del descubrimiento de reservas petrolíferas de gran magnitud en el Mar Argentino.  Por tanto, la disputa y apropiación global por los recursos naturales que dinamiza el capitalismo contemporáneo hace de la Argentina un claro ejemplo a escala global. En esta lucha de intereses, Gran Bretaña no pretende el diálogo, ya que las lógicas de acumulación exceden cualquier tratativa, incluso con la infinidad de cuestiones ilegales que presenta el mismo en la apropiación del territorio. El peso hegemónico es sustancial, e incluso inclina aún más la balanza en favor del gobierno británicos, con los nuevos mecanismos de la geopolítica del siglo XXI.

Es claro además, que si bien la política de Estado desde el año 2003 es la de materializar el reclamo en diversas escalas tanto nacionales, regionales e internacionales; y que además, el objetivo de convertir la causa “Malvinas” en una causa regional e incluso mundial por efecto propagandístico, el gran déficit de la historia argentina, fue la ausencia de una política de estado estructural en cuanto a su diplomacia, más aun teniendo en cuenta la política gubernamental neoliberalista de los años noventa, que quebrantó los logros diplomáticos dentro de los cincuenta años que se cumplen de la Resolución. 

Más allá de la veta pacífica de recuperación de la soberanía por parte del gobierno argentino; del presente contexto histórico en América del Sur, y del apoyo de organismos multilaterales externos al continente latinoamericano, éstas variables no son suficientes para inclinar la “Cuestión Malvinas” a favor de la Argentina, aun teniendo en cuenta el dictamen que inspiró el embajador Ruda hace ya medio siglo. La Unión Europea, los Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de la ONU dan cuenta de un poder que, en la mesa de negociaciones, imponen una jerarquía ampliamente mayor, con una profunda alianza de las partes. 

Resulta incomprensible el “colonialismo” a la vera del siglo XXI. Pero no lo es, más allá de los discursos incongruentes, desde el gobierno de Gran Bretaña. El interés británico radica en varias cuestiones: el agotamiento de los recursos petrolíferos en el Mar del Norte; la cercanía a la reserva mundial de agua dulce más grande del planeta; el control de la ruta marítima del Atlántico Sur; la actividad ictícola y otras explotaciones de recursos naturales. Para ello viola diversos tratados internacionales asentando bases militares junto a dispositivos nucleares como medida de disuasión al reclamo legítimo argentino. La militarización en el Atlántico Sur es una seria amenaza geopolítica para la Argentina y por supuesto, para toda América Latina. Es evidente: las lógicas del capital a través de la acumulación por desposesión de recursos naturales considerados estratégicos, están presentes en las islas Malvinas, retomando características del imperialismo decimonónico. 

Por medio de la alta tecnología implementada por diversas transnacionales que operan en las islas, se proyecta, como establece Bernal, una nueva “Arabia” en los confines del Atlántico Sur, y tal como ocurrió con las políticas de seguridad energética estadounidenses, Gran Bretaña sigue los mismos pasos del Imperialismo. 

Ante este escenario, la “Cuestión Malvinas” como política de Estado desde el año 2003, ha fijado denunciar, impedir o reprimir a través de la vía diplomática cualquier actividad unilateral de Gran Bretaña en la soberanía argentina, tanto de exploración y/o explotación de recursos naturales, como militares. 

Por medio de este ensayo, se adhiere a la política exterior estructural, gestada en el gobierno de Néstor Kirchner y proseguida en los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, que han tomado la defensa de la soberanía de las islas como una cuestión esencial, vinculada a un aspecto central de los derechos humanos: aquellos de cuarta generación conocidos como derechos colectivos o de los pueblos. 

Es de destacar que, más allá del carácter patriótico que resurgió el legítimo reclamo del pueblo argentino instaurado en la última década, América Latina apoya el mismo tal como si las ideas de Bolívar y San Martín reencarnaran desde el corazón del continente para volver a ser escuchadas por el mundo. 

Pensar en la recuperación de las islas Malvinas en forma pacífica, y llevando el reclamo a cuanto Foro Internacional, no será una tarea exitosa a corto plazo. Tras el análisis realizado, Gran Bretaña defenderá ilegalmente, a través de diversos mecanismos, el que considera su máximo potencial: la ubicación geoestratégica junto a los recursos naturales, y la Argentina deberá (entre otras cuestiones) seguir aplicando la estrategia regional, para  lograr el tan anhelado contrabalanceo de poder, fortaleciendo aún más la integración de la unidad sudamericana y señalando el diálogo pacífico, como política exterior a reproducir por quienes creen que resulta lícito el colonialismo en el siglo XXI. 

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(*) Profesor en Geografía. ISFD y T. Nº10. Tandil. Miembro del Grupo de Investigación Red Federal de Estudios sobre Malvinas 2065 (REFEM 2065). Correo electrónico: tandilgeo@gmail.com.

(**) Profesora en Geografía – Magister en Relaciones Internacionales. UNCPBA. Grupo de Investigación. CEIPIL. Correo electrónico: lisro@live.com.ar

Fuente: www.perspectivasrcs.com

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[1] Es menester recordar que la Resolución 2065 posee como antecedente la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales expresada en la Resolución 1514, en la que se estableció como objetivo “la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones”. La misma sentó las bases de la libre determinación de los pueblos y de la integridad territorial de los Estados. 

[2] García, Gustavo 2015 “Derecho a la autodeterminación de los pueblos e Integridad Territorial: precisiones urgentes para limitar el tribalismo postmoderno a 50 de la aprobación de la Resolución AG 2065 (XX)”, Ponencia presentada en IV Jornada de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas (REFEM), 7 y 8 de mayo.

[3] Diálogo que impulsa el Estado Argentino desde la diplomacia de la descolonización, defensa de la soberanía y la paz (contraria a la violencia estructural o “directa” del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte). 

[4] La misión del Comité es la de examinar la situación de los territorios autónomos bajo su supervisión y garantizar la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y de las resoluciones y acciones internacionales llevadas adelante en el Primero y Segundo Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo (1990-2010). Desde 2004 y en virtud de un proceso de revitalización de la Asamblea General, la Cuestión de las islas Malvinas figura en la agenda permanente y en el Documento de la Mesa de la Asamblea General. Entre otras consideraciones, solicita a ambos gobiernos afianzar el actual proceso de diálogo y cooperación mediante la reanudación de las negociaciones, a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica a la controversia de soberanía.

Atlántico Sur”. Esto se corresponde tanto con la posición oficial argentina como con la forma que trata la Organización de Naciones Unidas a la disputa de soberanía.

[5] Cuando se menciona en el ensayo la “Cuestión Malvinas” o se habla simplemente de “Malvinas” no sólo se hace referencia a las dos islas mayores del archipiélago (Gran Malvinas e Isla Soledad,) sino a la totalidad de las islas en disputa de soberanía incluyendo las islas Georgias del Sur, Sándwich del Sur, etc. Es decir, lo que se engloba generalmente bajo el concepto de “Islas del Atlántico Sur”. Esto se corresponde tanto con la posición oficial argentina como con la forma que trata la Organización de Naciones Unidas a la disputa de soberanía. 

[6] Para ver una cronología más detallada remitirse a Beck, Peter 1988. “The Falkland Islands as an International Problem”. (New York: Ruthledge). 

[7] Publicada en el Boletín Oficial el 5 de diciembre de 1991.

[8] Publicada en el Boletín Oficial el 10 de enero de 1967.

[9] Publicada en Boletín Oficial el 05 de diciembre de 1991.

[10] Adoptada por la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en la ciudad de Nueva York el 30 de abril de 1982, firmada por la República Argentina el 5 de octubre de 1984, y el Acuerdo Relativo a la Aplicación de la Parte Decimoprimera  de las Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que se incorporó al Anexo de la Resolución 48/263 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue adoptado en la ciudad de Nueva York el 28 de julio de 1994, y que fuera aprobado por el Congreso Argentino por Ley 24543/95. No menos importante resulta esta Ley, puesto que adhiere a la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar donde se reconoce que “los Estados mantendrán bajo vigilancia los efectos de cualquier actividad que se realice, a fin de determinar si pueden contaminar  el medio marino y se comprometen a proteger y preservar el mar.”

[11] El "derecho de paso inocente" es aquél que tienen los buques, incluidos los de guerra, de todos los Estados, aún de aquellos que no poseen litoral marítimo, consistente en el paso rápido e ininterrumpido (aunque se admite el fondeo y la detención justificados) y que no es perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño.

[12] Sancionada el 23 de abril de 1997.

[13] Este apartado es conflictivo puesto que las construcciones de off-shore del gobierno de ocupación de las Malvinas dentro de su zona económica exclusiva interfieren dentro de esta normativa. Pero, hay que tener en cuenta, que en el gobierno de Menem se realizaron acuerdos bilaterales entre Gran Bretaña y Argentina con respecto a la explotación y exploración de hidrocarburos que beneficiaban en mayor porcentaje al gobierno británico.

[14] Tratado de Lisboa (Constitución Europea) firmado en el año 2007, a espaldas de la voluntad popular.

[15] David Harvey es uno de los más conocidos intelectuales de la izquierda norteamericana, geógrafo y urbanista de prestigio mundial. Autor de varios trabajos ya clásicos sobre urbanismo y la dinámica espacial del capitalismo, tiene además contribuciones importantes a la teoría económica y ha escrito una obra de referencia en el campo de la crítica cultural: “La condición de la posmodernidad” (1990).

[16] Offshore u offshoring es un término del idioma inglés que literalmente significa "en el mar, alejado de la costa", pero es comúnmente utilizado en diversos ámbitos para indicar la deslocalización de un recurso o proceso productivo. 36Como definición amplia del imperialismo se entiende la imposición de un poder externo sobre un territorio mediante prácticas explotadoras.

[17] Como definición amplia del imperialismo se entiende la imposición de un poder externo sobre un territorio mediante prácticas explotadoras.

[18] Composto, Claudia y Rabasa, Magalí 2011 “Entrevista con David Harvey. Nuevo imperialismo y cambio social: Entre el despojo y la recuperación de los bienes comunes” en Herramienta Debate y Crítica Marxista (Buenos Aires). Disponible en: www.herramienta.com.ar/entrevistas/entrevista-con-david-harvey-nuevo-imperialismo-ycambio-social-entre-el-despojo-y-la-rec, acceso 06 de abril de 2015.

[19] Enuncia que el interés vital para Estados Unidos es la seguridad del suministro del petróleo, como fuente principal de energía del país. Se debe tener en cuenta incluso la competencia mundial, ya que también la Unión Europea y Japón dependen, por ejemplo, del Medio Oriente y de países alternativos a estas regiones hostiles, pero que además se suman en los últimos años Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS).

[20] En la que establece no reducir las importaciones de petróleo, sino aumentarlas, convirtiendo la seguridad energética en una política de Estado, debiendo asegurarse el suministro extranjero.

[21] Estableció las recetas de corte neoliberal a aplicarse en diversos países, entre ellos la región latinoamericana. 

[22] Entre ellos se puede nombrar a Hugo Chávez (1999-2013) en Venezuela, Lula Da Silva (20032010) en Brasil, Rafael Correa (2006- actualidad) en Ecuador, Evo Morales (2006- actualidad) en Bolivia, Néstor Kirchner (2003-2007) en Argentina, entre otros. 

[23] Durante el periodo 2003-2007 la región de América Latina presentó un crecimiento del 5% del PBI, mientras que el PBI per cápita sobrepasó el 3% durante 5 años consecutivos, en un contexto de superávit fiscal y una fuerte acumulación de reservas internacionales. En cuanto al desempleo, se registró una disminución del 11% al 7,4% y el porcentaje de personas bajo la línea de pobreza de redujo del 44% al 34%. Asimismo, el financiamiento para los mercados emergentes fue favorable debido a las tasas de interés bajas, generando una cuantiosa liquidez de capitales (CEPAL, 2009).

[24] La Cooperación Sur-Sur es el “proceso por el cual dos o más países en desarrollo procuran alcanzar sus objetivos individuales o compartidos de fomento de la capacidad nacional por medio de intercambios de conocimientos, personal cualificado, recursos y servicios de especialistas, y por medio de iniciativas colectivas regionales e internacionales, incluidas asociaciones de colaboración entre gobiernos [como los subnacionales], organizaciones regionales, la sociedad civil, las instituciones académicas y el sector privado, en beneficio propio o mutuo entre las regiones y dentro de ellas” (Naciones Unidas 1995: 15). La CSS posee ciertas características y principios que la destacan como: a) su horizontalidad. Los países cooperan en calidad de socios, más allá de los niveles de desarrollo, de forma voluntaria, sin vincular la concesión de la ayuda a contrapartidas y sin condiciones de tipo económico, político o de procedimiento; b) su consenso. La ejecución se somete a consenso por los responsables, en marcos de negociación común y c) su equidad. Los beneficios son consistentes en la medida que se potencian mutuamente las capacidades críticas de desarrollo, con una distribución equitativa de las mismas, al igual que con los costes, asumiéndose de forma compartida y proporcional las posibilidades de cada contraparte.

[25] Entre los ejemplos de negativa de la región hacia propuestas cuyas características se basaban en integraciones de carácter comercialista con el objetivo de la libre circulación y la protección del capital transnacional, fue la Cumbre de las Américas realizada en 2005 en Mar del Plata (Argentina). Allí caducó el proyecto propuesto por Estados Unidos (Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA) de liberalización comercial con la región latinoamericana como consecuencia de las discrepancias que presentaron varios gobiernos de la región como Argentina, Brasil y Venezuela y de la presión ejercida por los movimientos sociales.

[26] Se enumerarán posteriormente algunos organismos de apoyo regional. A los enunciados, se les suma ALADI, SICA, Cumbres Sudamericanas, Primera Cumbre Energética Sudamericana, Cumbres de Países de América Latina y el Caribe (CALC), Comunicado Especial sobre las Islas Malvinas, Grupo de Río, II Cumbre América del Sur-África, Cumbres de Países Sudamericanos y Países Árabes, Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur y Grupo 77 más China.

[27] En ocasión de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, la Argentina hizo nuevas presentaciones de rechazo de la pretensión de incluir a partes del territorio nacional islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y Sector Antártico argentino en la lista de territorios a los que se aplica el régimen de asociación previsto en la Cuarta Parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

[28] El mismo no es aplicable al caso Malvinas por tratarse de un territorio argentino usurpado y colonizado por la fuerza por Reino Unido. La Resolución 1514 introduce los dos principios rectores de los procesos de descolonización: el de libre determinación y el de integridad territorial. La independencia de los pueblos debe hacerse sobre la base del principio de libre determinación, siempre y cuando no vulnere la integridad territorial de los Estados.

[29] Entre los países miembros se encuentran Bolivia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Perú, Argentina, Surinam, Chile, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

[30] La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos ha aprobado anualmente, desde 1982 una Resolución y desde 1993 una Declaración, que establece que la Cuestión de las islas Malvinas es de interés hemisférico permanente, convoca a la Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones a fin de encontrar, a la brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía; expresa su satisfacción por la reafirmación de la voluntad del gobierno argentino de continuar explorando todas las vías posibles de solución pacífica de la controversia, particularmente sus positivas consideraciones sobre los habitantes de las islas Malvinas; y decide continuar examinando la cuestión hasta su solución definitiva. El último pronunciamiento de este tipo tuvo lugar el 7 de junio del año 2011, durante el cuadragésimo primer período de sesiones de la OEA. A partir del trigésimo séptimo período de sesiones la Asamblea General declara expresamente que la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido abarca a “las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

[31] Venezuela y Cuba firman en diciembre del año 2004 en La Habana, una declaración conjunta en la cual se plantea la idea de que el intercambio comercial sea un instrumento que se encuentre al servicio de la integración y no un fin en sí mismo. Actualmente los miembros del ALBA son: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas junto a Venezuela.

[32] Las Cumbres Iberoamericanas que reúnen a los Jefes de Estado y de gobierno de los diecinueve países iberoamericanos, España y Portugal, reiteran anualmente, desde el año 2000, mediante un comunicado especial, la necesidad de que la Argentina y el Reino Unido reanuden, a la brevedad posible, las negociaciones tendientes a encontrar una pronta solución a la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas y de la OEA. Asimismo, en la Vigésimo primera Cumbre Iberoamericana del año 2011 celebrada en Paraguay, se reitera la declaración tradicional y se subraya que las actividades unilaterales en la zona disputada que incluyen la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables y la realización de ejercicios militares, incluso el lanzamiento de misiles desde las islas Malvinas, son contrarias a la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas e incompatibles con la búsqueda de una solución pacífica y definitiva de la disputa. Conjuntamente, la Primera Cumbre Sudamericana manifestó la condición anacrónica del colonialismo sobre las islas y propone reanudar las negociaciones entre ambos Estados pacíficamente. La Tercera Cumbre Sudamericana en Perú del año 2004, reiteró en términos similares su respaldo a los legítimos derechos argentinos. Por su parte el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) emitió una Declaración Conjunta en la que reafirma la necesidad de que los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, a la brevedad posible, las negociaciones tendientes a encontrar una pronta solución a la disputa de soberanía referida a la “Cuestión Islas Malvinas”. También el Grupo de Río desde el año 1993, ha emitido declaraciones de apoyo a los legítimos derechos de la Argentina en la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Asimismo, la inclusión de las islas del Atlántico Sur en el régimen de asociación de la Unión Europea es incompatible con la existencia de una disputa de soberanía sobre dichas islas. También se observa un apoyo a la Argentina en las Cumbres América del Sur-África sobre el reclamo legítimo de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas en Isla Margarita (2009). Por su parte, en las Cumbres de Países Sudamericanos y Países Árabes desde el año 2005, convocan a las partes a reanudar las negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva de la disputa de soberanía referida a la “Cuestión Malvinas”. Además, la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur celebrada en Luanda (2007) postuló reanudar las negociaciones de acuerdo con la Resolución 2065 sobre la “Cuestión Malvinas”. También en la Declaración Grupo de los 77 y China, reunidos en Qatar (2005), reafirmaron la necesidad de que el gobierno de la República Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones, con el fin de encontrar, una solución pacífica a la disputa sobre la soberanía. 

[33] Para ampliar información, consultar página web: www.desireplc.co.uk. 54Página Oficial en inglés de Foro Económico Internacional de Energías: www.iwr.de/welcomee.html.

[34] Sufriendo en la actualidad una fuga importante de inversionistas que escaparon hacia otras regiones con mayores proyecciones de producción. Para mayor información consultar página web: www.laprensagrafica.com/economia/internacional/40200-malos-tiempos-para-elpetroleo-en-el-mar-del-norte.html. 54Página Oficial en inglés de Foro Económico Internacional de Energías: www.iwr.de/welcomee.html.

[35] Página Oficial en inglés de Foro Económico Internacional de Energías: www.iwr.de/welcomee.html.

[36]  Doctrina Bush, continuada y ensamblada con la Doctrina Obama. 

[37] Libia fue un claro ejemplo de la “Primavera Árabe”.

[38] Consultar página web: www.the-falkland-islands-co.com.

[39] Este hecho fue fiel reflejo de una represalia británica. En el gobierno de Alfonsín (19831989), “se firman con la URSS, acuerdos pesqueros, logrando el reconocimiento implícito de «la soberanía argentina sobre las aguas, sobre Islas Malvinas, convirtiéndose en un antecedente fanático»” en Simonoff, Alejandro 2007 “Un cuarto de siglo de negociaciones por Malvinas (1982-2007)”, Ponencia presentada en I Jornadas del CENSUD, 27 y 28 de setiembre. 

[40] Consultar página web: www.rockhopperexploration.co.uk/rockhopper.html.

[41] En la que el gobierno argentino en el mismo período de Menem, realizó “El régimen de hidrocarburos”, en el que queda normado por la Ley de Federalización de Hidrocarburos Nº 24.145, que en su artículo 1º establece que pertenecerán al Estado Nacional, los yacimientos de hidrocarburos que se hallaren a partir del límite exterior del mar territorial, en la plataforma continental, o bien hasta una distancia de 200 millas, mientras que pertenecen a las Provincias, los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de doce millas medidas desde las líneas de base reconocidas por la legislación vigente.  Los Acuerdos Bilaterales entre éste gobierno y Gran Bretaña entregaron los recursos petroleros y gasíferos a éste último. Sumado a ello la finalización del Proyecto Cóndor II, como la participación de Argentina como socio extra-OTAN.

[42] La misma “fue una forma de acercamiento a los isleños en el primer mandato de Menem que poseyó un lado simpático –el envío a fin de año de libros como El Principito o Winnie The Poo- y otro riesgoso, ya que declaraba ambiguamente que no considera a los isleños como parte de sus discusiones, pero por otro lado proporcionó una serie de señales para involucrarlos” Hoy 1996 (La Plata) 21 de febrero. El gravísimo error consistió en considerar los deseos de los isleños y tratarlos como la tercera parte en las negociaciones, violando expresamente la Resolución 2065. No obstante, la población de las islas no sólo ratificó sus vínculos con Gran Bretaña, sino que se pronunció a favor de la soberanía británica a la vez que formuló severas críticas al sistema político argentino. El menemismo, además, contó con dos medidas adicionales que debilitaron la estrategia multilateral argentina: la negativa al grupo de Países No Alineados, y el retiro de la Asamblea General de las Naciones Unidas al reclamo que venía haciendo con éxito desde el año 1965. La política de entrega menemista en relación a Malvinas tuvo su pico de apogeo en enero del año 1999 cuando el gobierno presentó extraoficialmente a los kelpers la oferta de congelar por veinte años los reclamos de soberanía. 

[43] Ésta fórmula consistió en proteger los derechos de cada parte, en lo que respecta a los archipiélagos y espacios marítimos circundantes que era un escollo en ese período para la normalización de las relaciones diplomáticas, consulares y económicas, permitiéndolas.

[44] En el año 2007, a veinticinco años de la finalización de la Guerra de Malvinas, Néstor Kirchner decide finalizar la Declaración Conjunta sobre Cooperación en actividades petroleras en el Atlántico Sud Occidental firmada por el entonces Presidente Menem.  

[45] Lo anunció el gobernador de las islas Colin Roberts el 04/06/2014 en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa en Malvinas. 

[46]  Dato suministrado por página oficial de la FIC www.the-falkland-islands-co.com acceso 6 de abril de 2015. 

[47] Representan catorce veces el producto bruto interno (PBI) argentino y el doble del PBI Británico. En Rodríguez, Hugo 2012 “De que se trata el conflicto actual de Malvinas. Análisis Geopolítico” en www.youtube.com/watch?v=8155pyDQmJ0. Aún más, datos publicados por la Policy Unit del Falkland Island Government (FIG) para el Statistical Year Book (año 2014) establecen que los habitantes de las islas gozan del PBI más alto del mundo, y el salario mínimo es diez veces mayor al de un ciudadano argentino.  

[48] Sumado a los reclamos argentinos de soberanía, las declaraciones de organismos internacionales en apoyo a nuestro país, y la caída del precio internacional del crudo. 

[49] Creada en Monte Agradable, en el año 1985, tres años después de la Guerra de Malvinas.  Es uno de los cinco principales enclaves militares extranjeros del hemisferio occidental.  La decisión de su construcción fue adoptada por Margaret Tatcher adoptando las recomendaciones obtenidas del Informe Shackleton. 

[50] El Consejo de Seguridad se compone de cinco miembros permanentes: China, Francia, la Federación de Rusia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América-y diez miembros no permanentes. Si bien los miembros no permanentes tienen derecho a voto, cualesquiera de los miembros permanentes tienen derecho a veto.

[51] Cabe recordar además que, en abril del año 2015, se revelaron documentos de inteligencia (aportados por Edward Snowden, ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos) del Reino Unido en los que se espió a funcionarios y militares del gobierno argentino en la última década. El documento se denomina “Top Secret/Strap1”.

[52] El Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (más conocido como Tratado de Tlatelolco) es un tratado internacional que establece la desnuclearización del territorio de América Latina y el Caribe de los países signatarios firmado en el año 1994. Fue propuesto por el Presidente de México, Adolfo López Mateos, e impulsado por el diplomático mexicano Alfonso García Robles como respuesta al temor generado por la crisis de los misiles en Cuba.

[53] Disponible en sitio web www.alainet.org/es/active/52746 (Acceso 10 de mayo de 2015.)

[54] Según un informe de la CEPAL, se considera que las islas Malvinas se resignifican aún más en cuanto a su importancia geoestratégica tomando en cuenta el siguiente dato “el transporte internacional de mercancías por vía acuática pasó de 65% del total en 2002 a poco más de 70% en 2006” en Sabogne, Rodolfo y Sánchez, Ricardo (coord.) 2008 “El canal de Panamá en la economía de América Latina y el Caribe” en archivo.cepal.org/pdfs/2009/S2009042.pdf.

[55] En tal informe (The Status and Location of the Military Installations of the Member States of the European Union and their Potential Role for the European Security and Defense Policy) se explicita: “La investigación, que fue pedida por la Comisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, llama a una urgente reforma de la estructura de seguridad de Europa en función de los “tiempos que se avecinan” y coloca en el centro de esa reestructuración a las bases militares que los miembros de la Unión Europea poseen en sus colonias de ultramar. La propuesta es clara: la protección de las rutas comerciales, la seguridad y la cada vez mayor “competitividad geopolítica” del siglo XXI han revalorizado lo que ellos llaman “las líneas de comunicación por el mar” en Luzzani, Telma (2012: 430). 

[56] Es así que “la defensa de las islas y su proyección hacia el Atlántico Sur está encargada a la British Forces South Atlantic (BFSA). La misma tiene su asiento en la Fortaleza Falklands, ubicada en Mount Pleasant hoy es una realidad y no una potencialidad militar. El complejo es sin duda el legado más importante de la guerra y construido con el objeto de persuadir a la Argentina” en Perfil 2007 (Buenos Aires). 4 de abril. 

[57] La reactivación, según declaraciones del propio gobierno norteamericano, es la de brindar asistencia humanitaria en aquellas regiones del hemisferio sur donde sean requeridos. La potencialidad real de la Cuarta Flota es en función de remarcar la presencia estadounidense en la región.