Por
Mariano Roca
El
3 de enero de 1833, una corbeta británica se presentó en Puerto Soledad y
obligó a la rendición de los argentinos que vivían en las islas. Foto: Archivo
DEF.
“La
Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”.
La Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, según el texto
aprobado en 1994, hace mención al reclamo irrenunciable de nuestro país sobre
las islas del Atlántico Sur. Se trata de una política de Estado, que las
distintas fuerzas políticas con representación en el Congreso plasmaron en la
denominada “Declaración de Ushuaia”, aprobada en febrero de 2012, en la que se
deja constancia que la disputa entre la Argentina y el Reino Unido sobre esos
territorios debe resolverse “pacíficamente”, conforme a las recomendaciones del
Comité de Descolonización de Naciones Unidas.
Tal
como señaló el diplomático argentino José María Ruda ante el Subcomité III de
Naciones Unidas, en su célebre alegato del 9 de septiembre de 1964, “los
ingleses jamás habían poseído efectivamente la totalidad del Archipiélago de
Malvinas antes de 1833”. El Reino Unido solo había fundado en 1765 el fuerte de
Puerto Egmont, en un islote llamado Saunders. Luego de un incidente con la
Corona española, las fuerzas británicas abandonaron definitivamente el islote
el 22 de mayo de 1774. Si bien al retirarse quedó una placa de plomo –luego
removida por los españoles– que dejaba sentado el supuesto reclamo soberano
británico, el mismo se limitaría a ese punto y no a todo el archipiélago. Así
lo explicó Ruda: “La Falkland’s Island, o sea, el posesivo singular, unido a la
aceptación británica de la posesión española de Puerto Soledad, demuestra que
las pretensiones inglesas estuvieron limitadas, en la época en que estuvieron
en Puerto Egmont, a este establecimiento exclusivamente y no a todo el
archipiélago”.
El
Reino Unido solo había fundado en 1765 el fuerte de Puerto Egmont, en un islote
llamado Saunders, y sus pretensiones estuvieron limitadas inicialmente a ese
establecimiento y no a todo el archipiélago.
Mientras
tanto, una Real Cédula de la Corona Española del 2 de octubre 1766 había creado
la Gobernación de las Islas Malvinas, dependiente de la Capitanía General de
Buenos Aires. Entre 1767 y 1811 se sucedieron en el cargo 32 gobernadores. Por
lo tanto, siguiendo siempre lo argumentado por el embajador Ruda, “después del
abandono voluntario de Puerto Egmont en 1774, España quedó señora indiscutible
e indiscutida de las islas Malvinas, ejerció la soberanía absoluta en ellas,
las ocupó y designó autoridades, sin la menor protesta por parte de Gran
Bretaña”. Esta soberanía española se transmitiría, luego de la declaración de
independencia, la actual República Argentina tomó posesión formal de las islas
en 1820 con la expedición de la fragata “La Heroína”.
El
Reino Unido solo había fundado en 1765 el fuerte de Puerto Egmont, en un islote
llamado Saunders. Foto: Archivo DEF.
“En
ningún momento, detallaba Ruda en su alegato, Inglaterra objetó el
establecimiento argentino en las islas Malvinas, a pesar de que se habían
realizado actos jurídicos sumamente importantes entre las dos partes, como la
firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, en febrero de 1825”.
Recién en noviembre de 1829 se produciría la protesta de Londres por la
creación de la comandancia política y militar con sede en Puerto Soledad,
decisión que había sido adoptada por el gobernador de la provincia de Buenos
Aires, Martín Rodríguez, en ejercicio del manejo de las relaciones exteriores
que le habían delegado las demás provincias argentinas, ante la ausencia de un
gobierno central.
El
3 de enero de 1833 se produjo la usurpación del Reino Unido, la ocupación por
la fuerza de Puerto Soledad y la expulsión de los habitantes argentinos de las
islas. Este último es un punto clave para entender el porqué de la
inaplicabilidad del principio de libre determinación o “autodeterminación” en
el caso de la población isleña, compuesta mayoritariamente por colonos
británicos instalados allí luego de la ocupación. En ese sentido, Ruda sentó
jurisprudencia respecto de la posición argentina: “La aplicación indiscriminada
del principio de libre determinación a territorios tan escasamente poblados por
nacionales de la potencia colonial pondría el destino de dicho territorio en
manos de la potencia que se ha instalado por la fuerza, en violación de las más
elementales normas del derecho y de la moral internacional”. Es por ello que la
diplomacia argentina ha venido sosteniendo históricamente la incompatibilidad
entre los principios de libre determinación y de descolonización del territorio
de Malvinas e islas del Atlántico Sur.
Martín
Rodríguez, en ese entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, envió al
primer comandante político-militar argentino a las islas en 1829. Foto: Archivo
DEF
El
principio de libre determinación de los pueblos no es aplicable al caso de
Malvinas, ya que los habitantes argentinos de las islas fueron expulsados en
1833 y reemplazados por colonos británicos.
En
diciembre de 1965, con 87 votos a favor, ninguno negativo y 13 abstenciones, la
Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065, “tomando nota de
la existencia de una disputa entre los gobiernos de la Argentina y el Reino
Unido” y los invitaba a proseguir las negociaciones “a fin de encontrar una
solución pacífica al problema”. Desde entonces y hasta abril de 1982, las
autoridades de Buenos Aires y Londres prosiguieron las conversaciones, bajo el
denominado “paraguas de soberanía” para avanzar en cuestiones prácticas de
comunicación entre las islas y el continente sin renunciar a la reivindicación
soberana. En ese marco, entre 1971 y 1982, Líneas Aéreas del Estado (LADE)
mantuvo vuelos regulares desde Comodoro Rivadavia hasta Puerto Argentino.
En
cuanto al fondo de la controversia, fuentes que participaron de las
negociaciones aseguraron que se llegó a analizar la fórmula del denominado
“retroarriendo” o leaseback, consistente en la continuidad de la ocupación
británica reconociendo la soberanía de nuestro país sobre el archipiélago y
dejando establecido que el traspaso de las islas a la Argentina se haría
efectivo luego de un determinado lapso de tiempo, que podría haber sido de 99
años. Fue la solución que se implementó en el caso de Hong Kong, territorio
finalmente restituido por el Reino Unido a la República Popular China en julio
de 1997 luego de 156 años ocupación.
“La
Heroína” fue la fragata con la que Argentina supo tomar posesión formal de las
islas en 1820. Foto: Archivo DEF.
El
diálogo entre los gobiernos argentino y británico se interrumpió en abril de
1982, cuando nuestro país recuperó militarmente las islas, lo que dio paso al
posterior conflicto bélico que concluyó en mayo de ese año. Las relaciones
diplomáticas y consulares con el Reino Unido se restablecieron recién en 1990,
durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Con distintas estrategias
diplomáticas, los sucesivos gobiernos de la democracia han mantenido la reivindicación
soberana sobre Malvinas e islas del Atlántico Sur, que son parte integrante de
la provincia de Tierra del Fuego desde mayo de 1990, de acuerdo con la Ley
23.775 sancionada por el Congreso Nacional.
Fuente:
https://www.infobae.com
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