Por
Roberto García Moritán (*)
Nigel
Farage, líder del Partido del Brexit (REUTERS/Francois Lenoir)
La
saga del Brexit, tras años de rispideces diplomáticas, llega formalmente al
punto final. Concluyen seis décadas de membresía británica al proyecto de
integración europea, aunque seguirá cumpliendo con las reglas comunitarias
hasta el final del 2020, sin participar de las decisiones. Desde el 1 de
febrero el Reino Unido pasa a ser un tercero con relación a la Unión Europea y
Bruselas ya ha designado embajador residente en Londres como clara señal del
nuevo estatus. Con el divorcio en marcha la atención se centrará en el acuerdo
sobre la futura relación económica y política que ambas partes deberían cerrar
para fin del 2020, cuando termine el período de transición previsto. Un futuro
acuerdo de libre comercio es la posibilidad más mencionada. La aspiración del
primer ministro británico es que sea con cero tarifas y cuotas. El escepticismo
del negociador europeo, Michel Barnier, queda en evidencia al admitir que el
vínculo entre Londres y Bruselas nunca será lo mismo.
En
ese proceso de transición el Reino Unido tendrá que enfrentar una variedad de
desafíos simultáneos. Uno será con España en relación a Gibraltar. El Protocolo
sobre el Peñón, anexo al Acuerdo de Retirada de la UE (artículo 1), establece
un Comité de Coordinación Conjunto entre Londres y Madrid sin perjuicio que la
Cancillería española acepta que el Reino Unido es libre de decidir la composición
de su delegación que incluirá mayoritariamente representantes de Gibraltar. De hecho,
en la primera reunión participaron ocho gibraltareños y un solo representante
del gobierno de Boris Johnson, lo que supone un primer cambio sobre el acuerdo
original que preveía solo seis representantes por parte.
Es
previsible que en esta etapa España y el Reino Unido se concentren en las
cuestiones incluidas en los cuatro memorandos relativos a los derechos de los
ciudadanos, la cooperación policial y aduanera, el tabaco y el medio ambiente.
No está claro el momento en el que Madrid insistirá en el contencioso sobre la
transferencia de soberanía o alternativas de cosoberanía planteadas en los
últimos años. Todo indicaría que en las actuales circunstancias las reivindicaciones
sobre Gibraltar que ha logrado el reconocimiento de la UE como colonia,
esperará a la evolución de las negociaciones del Comité de Coordinación
Conjunto. También parece influir el hecho de que el Reino Unido es el país
europeo que hoy más invierte en España como que el Reino Unido es el principal
destino de la inversión exterior española.
La
pesca es otro ingrediente sensible que preocupa a España. El país posee una de
las flotas que más beneficios ha obtenido en las aguas británicas de Gran Sol en
el Atlántico Norte o en los caladeros que ilegítimamente ocupa el Reino Unido
en el Atlántico Sur. Entre un 50% y un 60% de las capturas españolas son en
esas dos zonas de pesca. En Malvinas, por ejemplo, España es el principal socio
pesquero de los intereses isleños y representa el 25% de las importaciones
pesqueras del puerto de Vigo.
Durante
el período de transición hasta el 31 de diciembre del 2020, la UE y el Reino
Unido deberán negociar las condiciones sobre acceso a aguas y mercados
pesqueros. Las aspiraciones españolas parecen inclinarse a que la pesca sea una
cuestión central de un futuro acuerdo de libre comercio entre Bruselas y
Londres. También a conservar el statu quo y mantener un esquema, tanto en Gran
Sol como en el Atlántico Sur, lo más parecido a la situación actual. Todo
indicaría que Madrid tendría a la ilegítima Asamblea Legislativas de las Islas
Malvinas como socia en esta aspiración.
(*)
El autor fue vicecanciller de la Argentina
Fuente:
https://www.infobae.com
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